“Han ido apretando de forma continua, con llamadas y presiones para que te vayas”, cuenta una afiliada al Sindicato de Inquilinos de Castelló. De las 172 viviendas de protección oficial del barrio del Raval Universitari de Castelló, unas 60 se han quedado vacías por la presión del fondo de inversión Tempore, según fuentes municipales.
La partida de viviendas perdió la condición de VPO en 2016 y ha pasado por las manos de hasta tres fondos de inversión en cuatro años. Con unos contratos de alquiler social de una media de 300 euros, unas 60 familias han sido “expulsadas” a consecuencia de los incrementos del precio del alquiler, en algunos casos de hasta el doble de lo que pagaban, o porque no les han permitido renovar el contrato.
La concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, junto con el Sindicato de Inquilinos, ha documentado la situación de los vecinos que están recibiendo presiones y presentó una moción en el pleno municipal contra las “prácticas abusivas” del fondo de inversión.
La concejala María Jesús Garrido, de Podem-Esquerra Unida, recabó documentación con ocho posibles infracciones de acoso inmobiliario de las sociedades de inversión que considera que incumplen el Código Penal y la Ley de la Función Social de la Vivienda. El informe fue remitido a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para que analizara la posibilidad de abrir un expediente sancionador. Fuentes del departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau señalan que la conselleria está estudiando el informe (si se inicia el expediente sería el primero de la administración autonómica valenciana contra un fondo buitre).
El informe ha detectado un posible acoso inmobiliario de seis fondos de inversión e inmobiliarias, especialmente en la zona de Raval Universitari, por falta de notificación en el cambio de propiedad, inacción en el mantenimiento de zonas comunes, falta de definición en la empresa que gestiona los cobros, cambio de cerraduras en zonas comunes sin previo aviso, dificultades en el acceso al pago de la renta, falta de comunicación en el vencimiento del contrato, conductas de presión moral para conseguir la rescisión del contrato y comprobaciones ilícitas por parte del servicio de seguridad para verificar quién vive accediendo sin permiso.
La concejal morada también ha remitido una carta a los “fondos buitre” con la moción de reprobación del pleno municipal. La presión institucional y del Sindicato de Inquilinos ha tenido un cierto efecto y algunos de los contratos se han renovado sin un aumento del precio del alquiler o con la devolución de las fianzas pendientes. “Una primera victoria de la sociedad civil”, defienden fuentes de Podem - Esquerra Unida.
El Sindicato de Inquilinos, sin embargo, sostiene que ha sido una efímera “pequeña alegría” y denuncia que aún hay familias a las que el fondo de inversión niega la prórroga del contrato. “Quedan familias que no tienen posibilidad de irse a otro sitio y no les queda otra que apechugar, la gente la verdad es que se asusta”, dice la portavoz del Sindicato de Inquilinos.