La Generalitat Valenciana inicia los trámites para elaborar una ley autonómica de costas, que pretende hacer compatible la “sostenibilidad” con los “usos humanos” en el litoral valenciano. La Conselleria de Medio Ambiente saca a consulta previa el anteproyecto de ley de ordenación y protección de la costa valenciana, que, paradójicamente, pretende aumentar las actividades permitidas en el litoral.
Según el texto, que puede consultarse en el portal de participación de la Generalitat Valenciana, “con un litoral fuertemente antropizado, resulta de interés general regular y gestionar desde la propia Comunitat Valenciana la ordenación de su litoral, para compatibilizar los usos, actividades y asentamientos humanos en la costa, en aras de garantizar su sostenibilidad en términos de compatibilidad con la protección del medio ambiente”.
La ley, continua el texto, “tiene por objeto la protección, ordenación y gestión integrada del litoral de la Comunitat Valenciana, en el marco de las competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía, con respeto a la legislación básica del Estado”. La norma incluye entre sus pretensiones una revisión del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral), el modelo legislativo que aprobó el Pacto del Botánico para la protección del territorio. Según Pradas, habría que revisar individualmente cada proyecto para decidir sobre él. Este plan compromete ocho proyectos urbanísticos de entre 13.000 y 18.000 viviendas en la costa valenciana.
Es precisamente la cuestión competencial la que puede causar conflicto a la futura norma valenciana, como ha sucedido en Galicia. La ley del litoral que el Parlamento gallego aprobó en 2023 fue recurrida por el Gobierno central porque consideraba que había una invasión de competencias del Estado. En noviembre de ese año el Tribunal Constitucional comunicó que quedaban suspendidos 31 preceptos, que el Alto Tribunal acaba de revisar y mantiene la suspensión de varios de ellos. El Constitucional señala que en su decisión ha tenido en cuenta que “la salvaguarda del interés ecológico y medioambiental merece la condición de interés preferente, dada la fragilidad e irreparabilidad de los perjuicios que se podrían producir en caso de su perturbación.
Según la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, la ley valenciana “será una norma que nacerá del consenso, que protegerá nuestros valores naturales y será especialmente sensible a nuestra realidad”. Para la consellera es fundamental impulsar una iniciativa de estas características ante un litoral como el de la Comunitat Valenciana: “Es necesario regular y gestionar desde la Generalitat la ordenación del litoral, para compatibilizar los usos, actividades y asentamientos humanos en la costa, en aras de garantizar su sostenibilidad en términos de compatibilidad con la protección del medio ambiente”, consideró.