El portavoz socialista de Industria, Francisco Toledo, ha logrado que el PP haya aprobado una Proposición de Ley propuesta por la oposición; la única aprobada durante los cuatro años de legislatura, con una iniciativa que pretende “evitar y hacer frente a la deslocalización de la producción de empresas que se trasladan a otros enclaves por motivos que nada tienen que ver con su productividad, eficacia o viabilidad económica y que han recibido subvenciones y ayudas públicas de la Generalitat”.
Según un comunicado del PSPV, Toledo ha insistido en que “la política tiene y debe actuar sobre la economía porque vivimos en un mundo de creciente globalización económica que en cambio no ha repercutido en ningún momento en globalización de derechos sociales ni en globalización de protección medioambiental” y ha agradecido el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa “cuya problemática perjudica gravemente a miles de trabajadores valencianos, perjudica el desarrollo económico de la Comunitat y debilita competitivamente esta región”. De hecho, Toledo ha asegurado durante su intervención que desde les Corts “debe hacerse lo posible para que no vuelvan a repetirse situaciones como las de Bosal, Coca-Cola, Galmed o Tumesa, que han abandonado la región obteniendo importantes beneficios económicos” y ha recordado que ya desde la Unión Europea “se está intentando atajar este grave problema”.
Por todo ello, y para frenar la “sangría” de empresas que recibe fondos públicos de la Generalitat y, posteriormente, y sólo por motivos de estrategia, deslocalizan su actividad, el PSPV ha llevado a Les Corts una iniciativa por la que se obligará a todas estas industrias “a devolver los recursos, subvenciones y ayudas públicas recibidas con intereses de demora además de impedirles a ellas, a sus socios y filiales obtener nuevas subvenciones en un plazo de ocho años”. “Tenemos que garantizar que el dinero público destinado a estas empresas contribuye de manera efectiva al desarrollo real de la Comunitat”, ha apuntado Toledo antes de anunciar que, además, desde el Consell, se informará a la Unión Europea de estos procesos “desleales”, ya que desde Europa también se ha denunciado que las empresas empleen los fondos europeos para estas prácticas.
En cualquier caso, y como paso previo, Toledo ha apuntado que la Generalitat entenderá que se ha producido una deslocalización empresarial cuando “se produzca una reducción total o significativa de la plantilla de la empresa y, simultáneamente, y en el plazo de los tres años inmediatos, posteriores o anteriores, se inicie la misma actividad en otros lugares y en proporciones semejantes”. “No pretendemos penalizar a aquellas empresas que cesen su actividad por quiebra económica, sino a aquellas que obtienen recursos que deberían ir destinados a potenciar el desarrollo de esta tierra y sólo los emplean para trasladarse a otros lugares”, ha insistido Toledo.
Coca-Cola, Galmed, Tumesa, Bosal...
Además, y dadas las graves consecuencias que una deslocalización tiene en el lugar en el que se produce, especialmente para los trabajadores, desde el grupo socialista también se ha propuesto que las regiones afectadas sean declaradas como Áreas de Reindustrialización Prioritaria para favorecer su reindustrialización, además de establecer planes de recualificación profesional para las personas que se queden sin trabajo e impulsar apoyo financiero a nuevas inversiones industriales. “Es completamente fundamental poner en la agenda política esta grave problemática y fomentar las ayudas a aquellas empresas que realmente colaboran con el desarrollo de nuestro entorno”, ha reiterado el diputado socialista antes de apuntar la necesidad de que desde la Generalitat “también se ponga en marcha una línea de investigación constante sobre la globalización y deslocalización para estar preparados ante un proceso que no sólo no va a parar, sino que además irá en aumento y condicionará nuestro futuro y desarrollo económico”.
Por último, la iniciativa establece la necesidad de que se exija a las empresas a comprometerse con no deslocalizar su producción antes de obtener fondos públicos, sean subvenciones competitivas o nominativas- Toledo también ha señalado que en una transitoria se insta a comenzar todos los trámites “para investigar y penalizar, si es el caso, a las empresas como Coca-Cola, Galmed, Tumesa y Bosal, cuyas plantas en la Comunitat ya se han visto afectadas”.