Vicente Cristóbal Almalé, un excura de una congregación no reconocida por la Iglesia católica detenido por narcotráfico, se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de estafa contra otro religioso de su orden. El hombre, actualmente en prisión, era el ecónomo y el administrador de la congregación religiosa, a la vez que participaba como socio en la mercantil Gimidavi SL, dedicada a obras y construcción. Un religioso del convento de los Misioneros Apostólicos de María Inmaculada (MAMI), vinculados a la orden del Palmar de Troya, vendió tres fincas a la mercantil libres de cargas y gravámenes por un precio de 360.000 euros a devolver en un año. Del dinero nunca más se supo.
La empresa, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, “nunca tuvo voluntad de cumplir aquello a lo que se obligaba” y “actuó con ánimo de obtener un lucro injusto”. El 'padre Vicente', además, hipotecó las tres fincas, una de las cuales albergaba la iglesia y la congregación religiosa, y pese a los nuevos gravámenes hipotecarios “no pagó el precio pactado”, por lo que “manteniendo el engaño” pactó con el supuesto estafado un contrato privado para la resolución de la venta de las fincas por la imposibilidad de satisfacer el precio, ocultando además que el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja, que instruía la causa por narcotráfico, le había prohibido disponer de los terrenos.
La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión por el supuesto delito de estafa agravada, además de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades de administración, así como una indemnización a su antiguo compañero de congregación de 360.000 euros (la cantidad por la que fueron vendidas inicialmente). El acusado fue detenido en enero de 2011 por integrar una supuesta red de narcotráfico dedicada a introducir cocaína a través del Puerto de Valencia, situado a tiro de piedra del barrio de Natzaret donde estaba la sede de la congregación. Al parecer, incluso fue retenido en Colombia por grupos paramilitares, según los pinchazos policiales del caso que publicó El País.
Vicente Cristóbal Almalé ha explicado ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, donde ha comparecido esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional, que entró en el convento misionero a los 16 años, al que volvió a los 21 tras ingresar en el Ejército. “Mi función era siempre la de trabajar y rezar, básicamente más trabajar que rezar”, ha declarado. Allí ejercía de ecónomo y administrador, además de director de un hogar social. “Proporcionaba a la comunidad y al convento los recursos para desempeñar sus loables funciones”, sostiene el acusado.
Almalé ha alegado que la adquisición de las fincas se hizo para cubrir los gastos del convento y que se dedicaba a la construcción, a la venta de coches y a “recibir comisiones de otras cosas”. “Tenía una gran actividad económica, con obras en diferentes partes de España”, ha dicho. Con la crisis económica, el presunto estafador se quedó “sin capital” y propuso a su compañero de congregación, teólogo, la adquisición de las fincas para reagrupar las parcelas y construir un hotel en beneficio del convento.
Así, “un buen amigo del convento”, con el que colaboraba en la construcción de una iglesia en Málaga, según ha asegurado, le ofreció un “negocio de altísima rentabilidad”, sobre el que no ha sido capaz de detallar más datos. “No soy economista, soy albañil; me dicen cuatro cosas y me las creo”, ha dicho. Según su versión de los hechos, el supuesto negocio fue una estafa de la que no pudo recuperar el dinero.
El acusado asegura que su compañero de congregación recibió diversas cantidades “hasta que por otras circunstancias ingresé en prisión”. Al salir de la cárcel en libertad condicional tras año y medio entre rejas, “mi única función y necesidad era buscar medios económicos para sustentar la comunidad”, ha declarado. “Hice cosas que no estaban bien y las estoy pagando”, agrega.
El supuesto estafado ha comparecido en calidad de testigo con su hábito de religioso y ha contado que convivió durante años con el acusado: “Para mí es una persona querida, no tengo enemistad en absoluto”. El religioso ha precisado que las fincas estaban a su nombre pero eran de la congregación y habían sido adquiridas por medio de benefactores y “algunos amigos que nos ayudaban en la orden”, que también realizaba tareas de asistencia social.
El testigo asegura que no se enteró de las hipotecas ni del supuesto fondo de inversión hasta que el banco le avisó: “Me dijeron que era moroso, me angustié y lo pasé fatal”, ha lamentado. En 2012, ha relatado, nadie sabía dónde estaba el 'padre Vicente'. Mientras, los bienes permanecían embargados por el banco. “Seguía fiándome del padre Vicente y aún creo en él como persona”, ha manifestado ante el tribunal.