Oltra reclama a Puig acabar con “las estructuras podridas” de la Diputación de Valencia para votar a otro presidente socialista
“No es posible seguir como si no hubiera pasado nada”, señalan en el entorno de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, en referencia al cambio en la presidencia de la Diputación de Valencia tras la dimisión de Jorge Rodríguez, detenido esta semana en una operación policial por irregularidades en los contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa que costó el cargo a su antecesor, Alfonso Rus, del PP, y que fue escenario de una trama de corrupción investigada todavía en los juzgados.
Oltra ha dicho este jueves que el nombramiento del socialista Toni Gaspar, alcalde de Faura y hasta ahora vicepresidente, como nuevo presidente de la Diputación debe ser votada por “una corporación plural”, en alusión a que el gobierno provincial está apoyado por el PSPV-PSOE, Compromís, la plataforma València en Comú (vinculada a Podemos) y Esquerra Unida. Y ha añadido que hay que poner encima de la mesa “reformas profundas” para que lo ocurrido no vuelva a suceder.
Compromís reclama “hablar seriamente de Divalterra” porque, ha advertido Oltra, “no se pueden tener estructuras podridas que sigan generando podredumbre”.
La posición de la vicepresidenta valenciana contrasta con las justificaciones que los responsables de su coalición en la Diputación de Valencia han tratado de sostener en declaraciones públicas tras la 'operación Alquería' que ha llevado a la detención del presidente de la Corporación y otras cinco personas, entre ellas la cogerente de Divalterra, Agustina Brines, que pertenece a Compromís.
Mientras Xavier Rius, diputado de la coalición en la Corporación provincial, defendía que los tres directivos nombrados por Compromís en Divalterra tenían currículos adecuados a sus funciones, por lo que no se les podía calificar de “enchufados”, Oltra ha asegurado que, cuando hubo informes contrarios a las contrataciones de alta dirección, “se tomó la decisión de que las personas propuestas por Compromís fueran despedidas” y que eso ocurrió “la primavera pasada”.
En declaraciones a los periodistas, Ximo Puig ha asumido que “evidentemente el PSPV deberá negociar la investidura” de Toni Gaspar. El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos no se ha negado a hablar de cambios en la estructura de la Corporación provincial. “Cuando sepamos qué ha pasado se tomarán medidas”, ha indicado. Pero ha añadido que, aunque no quiere quitarle peso ni gravedad a la investigación, “si no hubiera habido controles”, no se habría sabido lo que ocurría en la institución.
La posibilidad de cerrar la antigua Imelsa fue descartada al inicio del mandato y se optó por una reestructuración y un cambio de nombre. A la vista de lo sucedido, Oltra no descarta ahora el cierre, aunque reconoce que presenta dificultades, e insiste en que debe haber “cambios en estructuras y actuaciones para que estas cosas no puedan pasar”. El mensaje es que un escándalo como el protagonizado por la Diputación debe producir modificaciones drásticas en el funcionamiento de la institución.
Por otra parte, Compromís ha convocado a sus representantes en la Diputación a una reunión con los dirigentes de la coalición este viernes en la que, en palabras de Oltra, se adoptarán decisiones “colectivas y con contundencia” tras escuchar las explicaciones y en función de lo que acuerde el juez, que dejó la tarde de este jueves en libertad con cargos a todos los detenidos. La líder de la coalición no ha descartado que se produzcan destituciones y suspensiones de militancia entre los responsables de Compromís en la Diputación de Valencia.
Hasta ahora, la única consecuencia política de la operación Alquería, sin duda la más relevante, fue adoptada la noche del miércoles por la ejecutiva del PSPV-PSOE al suspender a Jorge Rodríguez de todas sus funciones (era portavoz del partido) y apartarlo de la presidencia de la Corporación provincial.
