El cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) fue un episodio lamentable de nuestra historia. Que ahora se considere ajustada a derecho aquella actuación del PP no le resta un ápice de infamia. Ahora bien, los extrabajadores de la cadena y, muy especialmente, los sindicatos que los representan deberían habernos ahorrado la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima absolutamente todas las causas de nulidad planteadas por la CGT con el apoyo sobrevenido de CC OO, Intersindical, UGT, USO y CSIF.
En realidad, la CGT ha sido la única algo coherente en lo ocurrido, ya que fue el único sindicato que no firmó el ERE de extinción y que, por tanto, lo denunció. Los otros cinco se apuntaron sobre la marcha a un programa de máximos que se basaba, vía la figura de la sucesión de empresas, en considerar ilegal la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació para que fueran readmitidos en bloque los extrabajadores cuyos despidos habían asumido en el ERE de extinción.
El desgaste, la radicalización de posturas y el deterioro de unas reivindicaciones legítimas en defensa de intereses legítimos ha sido importante. Con un nuevo gobierno al frente de la Generalitat, un gobierno que explícitamente defendía la reapertura del servicio público, tal vez habría resultado más “sindical” una estrategia de apoyo a la recuperación de una radiotelevisión valenciana pública, en valenciano y de calidad que se planteara obtener algunas “mejoras”, vía negociación, para los extrabajadores afectados. “O readmisión o nada” era un planteamiento condenado al fracaso. La readmisión de 800 de los antiguos empleados, que CGT mantuvo sobre la mesa ante el nuevo Consell del Botànic, también.
El estropicio es considerable. Aunque la sentencia de la Audiencia Nacional despeja el camino de la nueva radiotelevisión pública, legitima también la actuación del Consell de Alberto Fabra al cerrar Canal 9 y renunciar a la competencia del servicio público (lo considera constitucional). Defendían algunos que el nuevo gobierno valenciano debió deshacer el ERE de extinción, reincorporar a los trabajadores y negociar un nuevo despido colectivo para dar continuidad a la vieja empresa. Vista la sentencia de la Audiencia Nacional, se habría metido en un enredo legal de consecuencias funestas.
Lo que no debe ocurrir nunca más es que se manipule políticamente la radiotelevisión pública, se intervenga en su funcionamiento, se corrompan sus directivos y se dilapide el dinero como hizo el PP hasta el extremo de poder justificar su cierre. En teoría, eso es lo que pretende evitar la nueva ley. Profesionales, gestores, partidos y sindicatos deberían orientar, por tanto, su actuación de cara al futuro. Y no estaría mal que todos hicieran autocrítica; los sindicatos en primer lugar.