No dejar a nadie atrás

No dejar a nadie atrás es una expresión que, empleada por el presidente del Gobierno, resume la presentación de la Carta de Derechos Digitales el pasado 14 de julio. El mundo digital avanza imparable arrastrando desde su origen lo que se dio en llamar “la brecha digital”. La popularización del internet del World Wide Web, y después de las redes sociales puso de manifiesto el profundo impacto de la carencia de conectividad y del analfabetismo digital. Una y otra, se han manifestado como un profundo factor para el crecimiento personal, social y económico allí donde se ha invertido en su reducción. Sin embargo, no podemos considerar que el acceso de la población a un teléfono móvil o participar en una red social, constituyan la superación de ninguna brecha.

Hoy nos enfrentamos más que nunca a un mundo en transformación en el que tendremos que escoger que sociedad queremos construir. Las tecnologías de la información y las comunicaciones van a permitir la automatización prácticamente del 50% de cualquier tarea, en algunos casos como la conducción automática o la limpieza viaria del 100%. Ello implica, nuestra liberación de tareas repetitivas, insalubres, nocivas o peligrosas. Y también promete una Administración eficiente que genere políticas públicas desde los datos o la revolución en el mundo de la salud desde la telemedicina a la salud predictiva.

Sin embargo, la línea que separa la utopía de un mundo distópico es muy fina. Sin una adecuada apuesta por la formación en todos los niveles que incorpore habilidades digitales y pensamiento analítico y computacional, capas enteras de la población perderan la posibilidad de adaptarse al nuevo escenario. Sin la debida conectividad, territorios enteros de la España vaciada profundizarán en las asimetrías territoriales. Hoy seguimos encontrando profundas brechas por razón de género, de discapacidad o de edad. Se apunta también cómo la inteligencia artificial puede operar de modo discriminatorio desde un punto de vista racial cuando opera desde el sesgo haciendo invisibles a las personas según el color de su piel o definiendo actuaciones policiales o judiciales con un claro sesgo racial allí donde se ha aplicado a esta materia.

Pero no sólo el derecho a la igualdad presenta retos significativos. Nuestra identidad digital se enfrenta a la manipulación. De un lado, nuestros menores ven conformada heterónomamente su imagen en las redes por padres y madres sin experiencia ni formación, pero también desde los centros educativos. De otra parte, Vd. y yo no somos lo que creemos ser. Nuestra biografía digital depende de los primeros diez resultados de un buscador, o de los criterios de asignación de relevancia del algoritmo de una red social. Es muy posible, que nuestras decisiones de compra vengan determinadas por pulsiones intimas e inconscientes que, sin embargo, no escapan al escrutinio del neuromarketing. 

Desde otro punto de vista, nuestros derechos a la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información serán fuertemente intermediados por la tecnología. ¿Será una máquina quien edite este periódico? ¿Dispondremos de un acceso adecuado a la información pública? ¿Qué información se nos muestra en una red social toda o la que define un algoritmo de personalización? El ejercicio de estos derechos constituye un elemento crucial para la conformación de una opinión pública libre, y debe garantizarse para asegurar la Democracia. 

No podemos desconocer los profundos cambios que se operarán en el mercado de trabajo y en el desempeño profesional. Muchas actividades serán parcial o totalmente automatizadas. Se exigirán nuevas habilidades y capacidades para continuar en nuestra actividad. Y a la vez surgirán decenas de nuevas ocupaciones y miles de nuevos empleos. Todos estos procesos exigirán asegurar la capacitación de las personas y nos obligarán a reflexionar sobre nuestro modelo productivo y sobre las políticas sociales.  

Por último, la necesidad de disciplinar la Inteligencia Artificial asegurando su control ético y jurídico, un desarrollo centrado en el ser humano y en la garantía de su dignidad, y la necesaria supervisión humana constituyen un horizonte necesario. Asimismo, hoy enfrentamos en el ámbito de los neuroderechos preguntas que ya surgieron con la investigación genética y que nos abocan a definir cuando menos las fronteras que nunca deberían ser traspasadas.  

Por otra parte, los límites deberían acompañarse de políticas públicas proactivas. La garantía de los derechos de la ciudadanía en relación con el uso de las tecnologías de la información por la Administración exige estrategias de modernización soportadas por la garantía de los derechos de los administrados. La investigación, la innovación o el emprendimiento no pueden detenerse sino proveerse de marcos seguros de gobernanza ética y jurídica. Una transformación digital sostenible debería ofrecernos nuevos horizontes de progreso en la educación, en la salud, en el medio ambiente, en prácticamente cualquier política pública que podamos concebir y hacerlo de modo inclusivo y sostenible.

Los entornos digitales prometen un escenario esperanzador de transformaciones económicas y sociales al servicio del ser humano. Pero este resultado, sólo puede alcanzarse desde el compromiso con los derechos humanos y los derechos fundamentales en su dimensión digital. Y ello compromete la acción de los Estados Miembros de la Unión Europea, y de los gobiernos de cada país, en promover una transformación digital coherente con nuestro modo de concebir el Estado Social y Democrático de Derecho.  Y esto se resume en una frase tan sencilla como cargada de significado: no podemos dejar a nadie atrás.