“Estem com ancorats a un port
sense ciutats,
un port desconegut
que ens fòra indispensable
per a seguir vivint
en la seua ciutat que no existeix“
Emili Rodríguez-Bernabeu. Alacant,1971
La nueva Juana de Arco del Puerto de València (APV) ha tomado posesión de la presidencia, en el institucional Edificio del Reloj, con el enardecimiento de un mítin político y rodeada de todos sus mentores y beneficiarios. Siguiendo la consigna, todas y todos, mayoría gobernante y oposición resistente, se dejaron ver. Mar Chao, la presidenta que reemplaza el breve mandato de Joan Calabuig, ha utilizado el mantra que lanzó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón: “Valencians alcem-se”--para lo único que les sirve el valenciano que no hablan–, entre advertencia y amenaza, para acabar la Terminal Norte del Puerto de València que lleva desde 2013– dos años antes del primer Botànic– perimetrada y sin licitar. Las barricadas políticas se sustentan sobre cinco fracasos: el fiasco de la ZAL, la fallida cesión de La Marina a la ciudad, la inacabada Terminal Norte que lleva diez años paralizada, la polémica reversión de Astilleros Boluda y la creciente desconexión entre Puerto y ciudad que puede derivar en un cisma que salpique a todos sus protagonistas: APV, Ayuntamiento, Generalitat y Puertos del Estado, por la competencia que le corresponde ejercer con solvencia y autoridad.
Barricadas
El proyecto del Partido Popular para el País Valenciano incluye, entre las reivindicaciones preferidas, al Puerto de València. En el fragor de una campaña orquestada de reclamaciones políticas coreadas desde los medios de comunicación afines. Las barricadas de la política valenciana se han levantado en las instalaciones portuarias y tinglados para presionar al gobierno español en funciones de Pedro Sánchez para que incluya en un eventual consejo de ministros la autorización para sacar a concurso la finalización de la terminal para contenedores que persigue la empresa estibadora multinacional Mediterranean Shipping Company (MSC). Para lograrlo han esgrimido el arsenal completo de argumentos inconsistentes que difunden los interesados. Para que no faltara ningún ingrediente, el consejo de Administración del Puerto de València – Aurelio Martínez y Joan Ribó incluidos– ha sido citado como querellado por el juzgado a causa de presuntos tratos de favor hacia los intereses de dos de sus vocales que, contra cualquier principio ético, compaginan su pertenencia al órgano colegiado que administra la APV, con sus actividades empresariales privadas dentro del puerto.. La guinda la pone el aplazamiento de la concesión de la terminal de cruceros a Baleària mientras no se “resuelvan” las exigencias de la multinacional con sede en Ginebra, MSC, para disponer de su propia terminal para cruceros de lujo.
Discreción y respeto
Dentro de los usos y costumbres que han regido la actividad portuaria en València, destaca la discreción, que los trapos sucios se lavan en casa y el respeto equitativo a los intereses de la Comunidad Portuaria, constituida por las empresas que operan en el movimiento de cargas en el recinto portuario. Es una novedad la irrupción en el campo político que se inició en el transcurso de las dos legislaturas del Botànic (2015-2023) bajo la presidencia en la APV de Aurelio Martínez, designado por Ximo Puig, con el beneplácito de Vicente Boluda, presidente de AVE y actualmente socio de MSC. El Puerto de València, València Port y la APV, a pesar de sus múltiples planes estratégicos, tienen por definir sus objetivos a medio y largo plazo. Fundamentalmente su convivencia e integración con la ciudad –no con el Ayuntamiento PP y Vox, de Maria José Catalá que está alineado– así como el futuro de sus posibles ampliaciones que previsiblemente se van a reclamar en el futuro.
Incapacidad negociadora
Toda obra muerta que prolongue muelles y escolleras de un recinto portuario, va a tener repercusión y consecuencias sobre el entorno lúdico- ciudadano próximo. En el caso de València: playas, Cabanyal, Natzaret, Pinedo, desembocadura del antiguo cauce pendiente de ordenar y urbanizar, el parque natural del Saler y el paraje de la Albufera, de vital importancia paisajística y de disfrute para los valencianos. A pesar de las múltiples presiones que se han ejercido desde los grupos de poder, la Terminal Norte no se ha conseguido poner en marcha. Es difícil y bastante torpe la pretensión de llevar a cabo obras complejas y problemáticas desde la oposición frontal a los intereses ciudadanos, especialmente si no se cumplen los requisitos de garantía medioambiental. El fallo es de procedimiento y de comunicación. Hasta el momento y después de prolongadas polémicas, en concreto con los Ayuntamientos de València presididos por Joan Ribó, respaldado por las asociaciones cívicas, no se ha conseguido conformar un foro de debate con participación de las entidades, instituciones y corporaciones implicadas para encontrar una solución al dilema de acabar la terminal perimetrada, que está predeterminada.
Romper o acabar
Para que las consecuencias de la obra civil portuaria sean perjudiciales, no hay que esperar a su culminación. Ya están afectando al ecosistema desde 2013. Para evitarlo hay que destruir el perímetro construido y no parece una determinación razonable ni económicamente lógica. La duda consiste en dilucidar cómo y por qué se tomó la decisión en 2007 de ampliar el Puerto de València hacia el norte, en vez de llevar esa obra al Puerto de Sagunt, que forma parte de la APV, de igual modo que el de València. En 2007 gobernaba en la Comunitat Valenciana y en el Ayuntamiento del Cap i Casal el Partido Popular. El mismo que ahora ha iniciado una campaña política y pretende movilizar voluntades con el consabido slogan “ Valencians alcem-se”, que entonan a coro Carlos Mazón y la recién entronizada presidenta de la APV, Mar Chao..
Depende del Estado
La competencia de los puertos estratégicos, entre ellos el de València, es de la administración central del Estado a través de Puertos del Estado, que pertenece al Ministerio de Fomento, en estos momentos bajo la autoridad del gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta de licitación del aterramiento de la Terminal Norte del Puerto de València ya fue a un consejo de ministros y se retiró del orden del día por las dificultades que entraña. El camino a adoptar para resolver la finalización de la terminal no es el que va por la invención de argumentos manidos y pedestres que no convencen a nadie. Entre ellos destaca el anticatalanismo como manía persecutoria para achacar la oposición al muelle en base a una hipotética competencia con el Puerto de Barcelona. Con el que se deberían establecer acuerdos de colaboración y sinergias que serían beneficiosas para ambos y además para el transporte marítimo. Otra ocurrencia confunde por un quimérico interés de los gobiernos que se consideran de izquierdas, incluido el PSOE, para perjudicar a la economía valenciana y a los empresarios. Determinados intereses empresariales en sintonía con la coalición PP-Vox (Generalitat, Ayuntamiento, Diputación Provincial) consideraban descontada la formación del gobierno español de Núñez Feijóo, en las últimas elecciones generales. Los electores han optado por otra fórmula de coalición progresista.
Como una isla
El Puerto de Valencia es como una isla, competencia de la alternativa gubernamental que lidera Pedro Sánchez con potestad de autorizar la finalización de la Terminal Norte. Lo hará en beneficio de los intereses generales de la economía y de las ventajas políticas que le convengan. Es perversa la instrumentalización política y los manejos empresariales de infraestructuras básicas como las portuarias, el ferrocarril y los accesos. El Puerto de València siempre fue caja de resonancia de la economía del hinterland y de la ciudad de València, pero es un ente con historia, con dignidad, con sentido de vinculación a la ciudad que pertenece. Dispone de personalidad y de corazón. Yerran quienes pretendan utilizarlo en beneficio propio sin tener en cuenta su idiosincrasia mercantil forjada a lo largo de cinco siglos, No conseguirán manipularlo ni doblegarlo a el riesgo de que su espíritu se revuelva contra quienes no son dignos de gestionarlo y gobernarlo.