La valencianidad en catarsis

“Si no fos

que encara brilla

finíssima a l’horitzó,

l’última agulla

d’aquelles què amb penes sosteníem

les esperances

en qui sap quina quimera,

seria l’hora ja

de fer silenci

aquest engany tan llarg que la llum canta“.

Marc Granell-València. ‘Agulles’, 2003

La valencianidad pasa por horas bajas. La valencianidad no es el valencianismo. Del mismo modo que es distinto ser republicano que republicanista. Ni los demócratas somos democratistas ni Vicente Blasco Ibáñez– que quiso morir en Fontana Rosa, su casa de la ciudad de Menton en la Costa Azul francesa - tuvo nada que ver con el blasquismo que le sucedió y que declaró la guerra a Dios, aunque una calle con el nombre de un blasquista –Felix Azzati Descalci– y no el más memorable, flanquee por la izquierda el Ayuntamiento de València. Los tiempos son difíciles para la defensa de los intereses de los valencianos. Se ha malgastado la oportunidad de subsanar durante ocho años de gobiernos progresistas (PSPV-PSOE, Compromís- Podemos) la creencia en el sesgo valencianista de una nueva era. Etapa que ha quedado en dos legislaturas (2015-2023) de vacilaciones y pérdida tiempo para proclamar y aplicar el proyecto integral que el País Valenciano requería. El que necesita para recomponer el presente y relanzar su futuro en el contexto español y en el marco europeo, con garantía de éxito.

Cumplir objetivos

Los valencianos llevan desde la nebulosa de la Transición (1978-1982) a la democracia entregando el poder, elección tras votación, a partidos políticos que acaban jugando en su contra. Aparentemente se rompió el maleficio en 2015 con un gobierno valenciano del Pacte del Botànic que se prolongó hasta mayo de 2023 con extensión al Ayuntamiento de València ‘Cap i Casal’, con las ententes de la Nau - sede de l’Universitat de València- i el del Rialto, estandarte de la cultura en la plaza mayor de la ciudad. Hoy en riesgo de extinción por la gestión cultural esterilizadora que ejerce la Generalitat Valenciana presidida por Carlos Mazón. Los resultados y las consecuencias de una acción de gobierno se miden por sus logros persistentes en el tiempo y por los avances incuestionables para la ciudadanía. En el principio fue el preautonómico Consell del País Valencià, presidido por José Luís Albiñana (PSPV) y Enrique Monsonís (UCD) fruto del consenso entre las fuerzas políticas – ‘Consells i Taules’– que se jugaron el tipo y algo más, para conseguir determinadas metas, merecidas y justas, que se fueron alejando con la redacción de un Estatut d’Autonomia– de segundo nivel por el artículo 143 de la Constitución– en el que se impusieron los criterios de quienes no habían creído nunca en la autonomía valenciana ni en el derecho de los pueblos a preservar sus instituciones y leyes (Furs, Derecho civil valenciano) que les son propias ni tampoco sus señas de identidad como rasgos diferenciales que se han transmitido, de generación en generación, con sacrificio, constancia y voluntad. Ni la lengua valenciana, ni la salvaguarda de las instituciones ni el rango histórico del Reino de València con independencia reconocida en la organización federada del Reino de Aragón, se han reconocido ni se han blindado ante la operación de descalabro sistemático que cabía esperar con el advenimiento del mandato de PP+Vox cuando llegaran al poder. Tal como ocurrió en mayo de 2023.

Sin proyecto

No fue un triunfo de la derecha, sino la derrota de la izquierda. Se perdió la Generalitat por el talante contemporizador, al haber defraudado a sus electores con una coalición ineficiente y cainita. La obsesión estuvo más centrada en la desconfianza entre socios – imprescindible si ambos querían gobernar– que en las políticas activas para la transformación del país. Para que nadie pudiera atreverse a desmontar los avances ni la estructura territorial de progreso que los ciudadanos necesitaban para sentirse satisfechos y seguros. Ni se construyeron cimientos sólidos ni se supo plantar cara a los grupos de presión, poderosos y acaudalados, que presumieron tras el verano de 2015 de que el Botànic en la Generalitat y la Nau en el Ayuntamiento de València, llegarían a tomarse los turrones por Navidad ni en les Corts, ni en el Palau del carrer dels Cavallers ni en la Casa gran del Cap i Casal. La conjura reaccionaria no lo consiguió en 2015, pero triunfó en 2023, por ineficiencia de los adversarios. Los electores nunca tienen la culpa y menos cuando en 2019 revalidaron su confianza para enmendar los errores. Se respondió con más colaboracionismo y mayor indiferencia ante el plan de actuación audaz, creíble y transformador que el País Valenciano, reclamaba y hoy sigue necesitando.

La moderación se irrita

Ambos bandos enfrentados – la derecha rampante y la izquierda incompetente- se equivocan. Van directos al fracaso y siguen defraudando al electorado. Hace 40 años el periodista Manuel Ibáñez Escofet escribió un excelente artículo en “La Vanguardia” con el título: “Si la moderación llega a manifestarse”, que empezaba con una frase lapidaria: “Si yo fuera presidente estaría preocupadísimo ante la posibilidad de que la moderación se manifestara y pusiera en la calle la expresión de su descontento y de su protesta.” Tomen nota nuestros dos últimos presidentes: el actual, Carlos Mazón y el saliente, Ximo Puig que ahora se fotografía flamante con la torre Eiffel de fondo. Y seguía Ibáñez Escofet: “La moderación es discreta, prudente y hogareña. Pero de vez en cuando salta y muestra sus dientes.” En el País Valenciano ya ha dado un pequeño respingo y ha colocado, a la contra, a la ultraderecha en la Generalitat y en el Ayuntamiento de València. Banderillas de fuego y rejón de muerte. Mazón piensa que controla la situación con un torero a su diestra pero se equivoca, porque su vicepresidente Vicente Barrera domina la suerte de varas, cuando el callejón carece de salida y no queda más remedio que saltar a toriles. El presidente Mazón no sabe permanecer quieto ante la embestida del morlaco y moverse demasiado no es recomendable cuando en casa te esperan con el estoque en alto.

Haciendo amigos

Recientemente Carlos Mazón ha viajado a Barcelona, capital de Catalunya, para vender su Comunitat Valenciana a las empresas catalanas para que se instalen en el País Valenciano. Para lograrlo sólo ha conseguido que le atiendan en la gran patronal vecina, Foment del Treball Nacional y no sabemos lo que se ha oído en la sede de la organización que tiene como objetivo primordial el regreso de las compañías –sobre 2.000– que abandonaron sus sedes catalanas en 2017 para instalarse en otras zonas del territorio español. Haciendo amigos. No parece buena idea y seguro que tendrá consecuencias. El segundo error es dejarse entrevistar para la televisión pública de Catalunya, TV3, para recriminar a la periodista que le preguntaba que no utilizara la denominación ‘País Valencià’ . Le exigía a la entrevistadora respeto (sic) al Estatut d’ Autonomia valenciano, cuando en el preámbulo se reconocen las nomenclaturas de País Valencià o Regne de València, así como la figura de nacionalidades y regiones que componen el mosaico plural del Estado español. Más grave aún es ignorar el derecho a la libertad de expresión contemplado y protegido por la Constitución Española. En su capítulo segundo “reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción”. Duro es desconocer el texto y el espíritu contemporizador del Estatut de la autonomía que se preside, pero mucho más preocupante es contravenir el derecho fundamental a la libertad de expresión plasmado en la Carta Magna de 1978 por la que se rige el Estado español.

Agravio comparativo

Todo esto ocurre mientras los grandes problemas del País Valenciano siguen sin resolverse. Se acrecientan a la baja las distancias en las principales magnitudes que deben de preocupar a los dirigentes valencianos de todo signo. El PIB (Producto interior bruto) por habitante está un 14,8% por debajo de la media española y la productividad es un 10% inferior. Ha descendido 3 puntos desde 2019. Estos principales indicadores señalan con claridad la desventaja del ciudadano valenciano y su economía. Se acompañan de la renta per cápita, que sigue alejándose de la media española para situarse un 15% por debajo junto con la productividad en una tendencia a la baja cada vez más preocupante. En el comercio exterior, característico de la economía valenciana antaño, se ha perdido cuota exportadora desde 2019, con respecto a las zonas de Madrid y Barcelona que constituyen el pelotón de cabeza. En renta por habitante aumenta la diferencia con la media española hasta situarse en el puesto 12 del ranking territorial autonómico. Del mismo modo se comporta la productividad de las empresas y en la productividad por hora trabajada en caída libre. Sin olvidar la losa del elevado déficit, acompañado de la consecuente deuda pública del País Valenciano. En 2023 el déficit es del 1’39% del PIB cuando la media de las autonomías no sobrepasa el 0’85%. La deuda pública valenciana llega al 43’5% del PIB y alcanza la ratio más elevada de las CC.AA españolas. 1’6 puntos porcentuales superior a la 2019, en contraposición a la caída en el resto de autonomías que llega al 0’5%. Este balance refleja en 2023 que el diferencial valenciano con respecto a la media española, sigue deteriorándose tras las dos legislaturas de gobierno del Botànic y no lleva camino de recuperarse con la política económica efectista y subsidiaria del Consell de PP y Vox.

Contra la pared

Las reivindicaciones históricas que se vienen arrastrando lastran las posibilidades de calidad de vida de los ciudadanos y las elementales condiciones para lograr el desarrollo económico y social del País Valenciano. Junto a la reiterada modificación de la financiación autonómica, especialmente urgente para relanzar la economía valenciana, está la finalización del Corredor Mediterráneo ferroviario pendiente desde 1989 y que ahora, como un gran avance, se sugiere que podría terminarse en 2050. En abril de 1989 se celebró la llamada Cumbre de Orihuela de carácter empresarial y organizada principalmente por la Cámara de Comercio de Valencia que presidía José Enrique Silla Criado. Allí se planteó un proyecto de desarrollo económico para el País Valenciano, del que queda constancia escrita y publicada. No se han cumplido los puntos básicos después de 35 años transcurridos. Es más, en las décadas transcurridas se ha conseguido anular y esterilizar la red de las cinco Cámaras de Comercio oficiales, hoy competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana, mediante el bloqueo patronal de sus plenos, órganos de gobierno de estas instituciones y el consiguiente estrangulamiento de sus recursos económicos, con el fin de anularlas e impedir el cumplimiento de su misión: velar por los intereses generales de la economía en sus respectivos territorios.