La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del País Valencià han valorado como un “éxito importante” la ampliación del parque público con las 500 viviendas de la Sareb por parte del Consell. “Reclamamos desde hace años un plan de choque y la consideramos absolutamente necesaria para dar un salto cualitativo”, han destacado, al tiempo han instado a la Generalitat a “seguir luchando con la mayor contundencia” ante la “emergencia habitacional”.
La organización ha indicado, “a pesar de los esfuerzos de estos últimos años -desde la publicación de la Ley Valenciana de Vivienda 2/2017-, hay una cantidad de vivienda social tan exigua que ronda el 0,7 por ciento del total, a años luz de la media europea que es superior al 12%”.
A su juicio, aumentar el parque público con 500 viviendas “es una muy buena noticia porque de alguna forma premia los esfuerzos que el Consell ha realizado durante los últimos años y es resultado también del impulso más reciente con la ampliación de 1.262 viviendas el último año debido fundamentalmente al decreto de tanteo y retracto y el empeño en su mayor aplicación”.
En todo caso, para la PAH este es un paso que “debe de continuar si se quiere enfrentar la grave emergencia habitacional previsible: hay 13.400 demandas de vivienda pública, se han presentado a los juzgados miles de ejecuciones hipotecarias por bancos y fondos, quienes amenazan también con muchos más desahucios por impago o finalización de contratos de alquileres”.
“Si vemos las perspectivas del aumento de la inflación y sus repercusiones en amplias capas sociales que necesitan vivienda -nuevos hogares, emancipación de jóvenes y colectivos de mayores, migrantes, víctimas de violencia de género y menores tutelados- hemos de concluir que necesitamos continuar el Plan de Choque con la mayor contundencia”, ha manifestado.
En este sentido, la organización ha animado a la Generalitat a “seguir luchando para una ampliación del parque que cubra estas necesidades, como eje de una política justa en vivienda”.
Frenar el “trato preferencial” a los fondos buitre
Para llevar esto a cabo, considera que hay tres elementos “fundamentales”: “Incidir en la SAREB para que cambie su objeto social y pasen al parque público o se compren a precio simbólico todos sus activos; establecer un mecanismo claro de alquiler social obligatorio y alquiler asequible de viviendas de fondos buitre y banca rescatada para evitar desahucios y utilizar sus viviendas vacías de tal forma que no signifique la ruina del Estado y de las familias, corresponsabilizando de una vez a las entidades financieras del rescate impagado de 48.000 millones de euros”.
Por último, ha pedido que “se ponga freno al trato preferencial en la fiscalidad de los fondos buitre y Socimis, y España se alinee con países como Dinamarca o Portugal impidiendo al capital especulativo, la enorme concentración de propiedad inmobiliaria o la acumulación ingente de capitales que no hacen más que acabar con los bienes y el sistema de vida de todos”.
Asimismo, la plataforma ha indicado que ha solicitado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que transmita de “inmediato” al Gobierno central estas propuestas para que “se incorporen en la nueva Ley de Vivienda”.
En este sentido, ha pedido a los partidos de la derecha valenciana que “estén a la altura” y “se unan” porque “es un tema de Estado”. “Ahora nos toca que se garantice el derecho a la vivienda y se supere de una vez su consideración de mera mercancía para especular”, ha destacado.
Medidas “urgentes”
Igualmente, la PAH ha resaltado la aprobación por el Consell del decreto de medidas “urgentes” para hacer frente a la emergencia residencial. En el mismo se analiza la “extrema gravedad” de la emergencia habitacional y las prácticas “insoportables” de los fondos buitre.
Además, se proponen medidas entre las que destacan por su “gran importancia”, aparte de la mayor implicación de los servicios públicos de apoyo a las personas afectadas por el desalojo de su vivienda habitual, dos “muy novedosas”.
La primera es la regulación de los grandes tenedores de vivienda y las medidas de intervención (cesión de uso y expropiación) que son “imprescindibles”, ya que en 2021 ha habido más de 500.000 viviendas vacías, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
“Muchas de estas viviendas han estado en manos de fondos y otros inversores mientras las viviendas disponibles son tan escasas que miles de personas y familias no pueden acceder a ellas y quedan en exclusión residencial”, ha denunciado.
Por otra, “es más que adecuado que haya medidas que desarrollan la protección frente al acoso inmobiliario y la discriminación en el acceso a la vivienda, que tanto sufrimiento ocasionan a las familias”, han defendido desde la plataforma, que ha valorado la colaboración público-privada para la creación de un fondo social de vivienda y la Inspección en materia de vivienda.