El proyecto del hombre que limpió el Palau de la Música Catalana de corrupción: prevenir el fraude aunque no sea delito

Joan Llinares (Alzira, 1953) es un gestor cultural de prestigio. Se hizo cargo del Palau de la Música Catalana tras destaparse el saqueo de Fèlix Millet en 2009, hoy en el banquillo. Antes, fue administrador del IVAM, en el que trabajó desde la puesta en marcha del proyecto en 1989 hasta el año 2000, y al que volvió tras la etapa de Consuelo Císcar, hoy también investigada gracias a los datos que aportó, hasta que en 2015 pasó a dirigir los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau.

Por estos méritos y su carrera funcionarial, Llinares ha sido propuesto por multitud de asociaciones para dirigir la Agencia Antifraude valenciana. Este viernes, ha explicado su proyecto en la comisión de les Corts Valencianes, junto a Antoni Penadés y el periodista Sergi Castillo. Llinares se muestra cauto respecto a su nombramiento, aunque el resto de candidatos se han puesto a su disposición, ya que necesita el apoyo de tres quintas partes de los diputados para ponerse al frente del ente.

El gestor cultural ha dejado claro que su proyecto busca una Agencia independiente del Ejecutivo, pero que no actuará por libre. Un ente profesionalizado que irá a les Corts a rendir cuentas y plantear sus dudas. Un equipo que trabajará codo con codo con la Intervención y la Fiscalia cuando se requiera, pero que irá más allá de la ley para prevenir “las corruptelas”. Ese es el ámbito en el que Llinares quiere poner el foco, aquellas acciones que no son delito, pero que son malas prácticas; acabar con la cultura del “esta empresa me lo hace bien”, sin recurrir a la publicidad del contrato.

“Si llega una conducta claramente criminal, no me lo pienso dos veces; irá a Fiscalía. Pero si nos pide un informe administrativo paralelo, lo haremos”, ha señalado Llinares, quien además ha insistido en la necesidad de proteger al denunciante e investigar y sancionar las denuncias falsas.

Por su experiencia administrativa, Llinares sabe que los contratos menores en un Ayuntamiento son brutales, que los funcionarios están solos y presionados por la urgencia de los plazos... “Ellos deben saber hacer las cosas bien, que las conductas irregulares tienen más importancia que las obras sublimes. Si una factura se da por buena pero no se comprueba, entramos en una franja en la que algo no funciona”, ha indicado, insistiendo en la necesidad de un código ético para el personal administrativo y la divulgación de las buenas prácticas ciudadanas.

Llinares asegura además que serán extremadamente prudentes a la hora de recabar información como el acceso a cuentas bancarias o a ordenadores de funcionarios. El proceso, si no cuenta con el permiso del funcionario, se realizará con el permiso del juez, ha explicado.

Aunque cauto con la dimensión de la plantilla, Llinares ha avanzado el organigrama: una dirección de prevención y formación, otra de análisis e investigación y una tercera dirección de asuntos jurídicos. Además, bajo la dirección general se situará un departamento de relaciones institucionales, participación y comunicación, encargada de la colaboración con otros departamentos como la Intervención de la Generalitat, Fiscalia o la Conselleria de Transparencia.

En la comisión también han comparecido Antoni Penadés, presidente de Acción Cívica contra la Corrupción y el periodista Sergi Castillo, quien además de investigar la corrupción valenciana ha escrito varios libros sobre ella, ciomo Tierra de saqueo y Yonquis del dinero.

Penadés ha decidido retirar la candidatura -propuesta por Fundación Contra la Corrupción- en favor de Llinares, “el candidato idóneo y más preparado”, y ha realizado toda una defensa de la Agencia. “Hay que despolitizar algunos aspectos del país, reforzar la sociedad crítica y devolver la dignidad al funcionariado”, ha indicado.

Por su parte, Castillo ha reivindicado la importancia del periodismo de investigación como agente que ha destapado la corrupción en la Comunidad Valenciana, que muchas veces ha llegado a donde no lo ha hecho un fiscal. Asimismo, ha advertido de que el modelo no puede ser como el de la agencia catalana, cuyo director acabó su ejecutoria “en un despacho por unas grabaciones”.