Era el principal objetivo del director general de Igualdad en la Diversidad. José de Lamo, a la llega a su cargo en la conselleria de Mónica Oltra, se propuso crear una ley que despatologizara la transexualidad, en consenso con el Gobierno y los colectivos LGTB.
Meses después, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que aprueba el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género. El camino ahora es el siguiente: el texto será remitido al Consell Jurídic Consultiu para que elabore un informe y, una vez convertido en proyecto de ley, pasará a les Corts para su votación.
El texto refleja toda una gama de derechos para las personas trans, que sufren altos índices de discriminación en el ámbito laboral, sanitario e incluso educativo. El primero, el “reconocimiento legal del derecho a la identidad de género de toda persona en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales” y como consecuencia inmediata, “garantizar que la ley aplicable a las personas no las patologiza o somete a condición de prejuicio sobre su capacidad, dignidad y habilidades”.
Las novedades más sonadas se enmarcan en el panorama sanitario. El anteproyecto estipula que la sanidad pública ofertará los tratamientos hormonales y quirúrgicos necesarios para el cambio de sexo. Del mismo modo, se garantiza apoyo psicológico durante las fases de hormonación y cirugías.
El texo recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. Además, plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómica.
En el terreno laboral, se establece la incorporación de este colectivo junto a aquellos que tienen mayor dificultad para acceder a un empleo, en cuanto a medidas de formación, orientación e inserción laboral. Por último, dispone de un título sobre la tutela administrativa, con el objetivo de proteger a las personas trans frente a cualquier violación de su derecho a la igualdad, por lo que se establecen una seria de infracciones y sanciones por la realización de acciones u omisiones contrarias a los derechos recogidos en el texto.