En pleno conflicto por las expropiaciones de Huerta protegida con ocasión de las obras del Ministerio de Fomento para la cuestionada ampliación de la V21, que tuvieron su momento más visible durante el desalojo de la alquería centenaria conocida como Forn de Barraca, el pleno del ayuntamiento de Alboraia en su sesión del pasado 26 de septiembre, acordó por unanimidad, una prórroga del periodo de exposición pública del nuevo Plan General de Ordenación Urbana hasta que se realizase un verdadero proceso de participación ciudadana en el que el vecindario pudiese opinar y participar para diseñar de manera consensuada el futuro de la localidad.
Asimismo se acordó llevar a cabo un Plan de participación pública transparente y con alternativas reales.
Por su parte, según ha denunciado este lunes el colectivo Per l'Horta, días despúes, el alcalde dictó resolución limitada a ampliar el plazo de información pública del Plan General Estructural y el Plan de Ordenación pormenorizada hasta el pasado 25 de octubre.
Y sin compromiso alguno acerca del desarrollo del Plan de Participación Pública exigido por el pleno del ayuntamiento.
Per l’Horta califica la actuación de la alcaldía como arbitraria, incongruente con el mandato del pleno municipal y “claramente restrictiva de lo expresamente acordado por el pleno del ayuntamiento y que resulta claramente limitativa del diálogo, la participación y el respeto que merece un correcto entendimiento del derecho fundamental a la participación en el ámbito de la planificación urbana”.
El colectivo ciudadano recuerda que el Plan se está justificando en todo momento en procesos de participación de documentos anteriores y ya desestimados. En tanto que no solo han transcurrido diez años desde aquel proceso y existen nuevos riesgos y problemas no detectados o, al menos, no detectados en toda su intensidad en el momento de la elaboración de aquellos documentos, como son el cambio climático o la regresión del espacio litoral, sino que además se han producido cambios sustanciales en el marco normativo territorial, urbanístico y medioambiental, desde la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana a Ley de l'Horta de València.
La ampliación de alegaciones formuladas por el colectivo advierte además que la unilateral y arbitraria actuación de la alcaldía supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la participación ciudadana que tendra consecuencias judiciales.
Per l’Horta ha renovado, además, su petición de suspensión de la tramitación del planeamiento en su redacción actual y que se retrotraigan las actuaciones para llevar a cabo un nuevo proceso de participación conforme a un Plan de Participación Pública efectiva y transparente donde se evalúen las diferentes alternativas para mejor satisfacer las necesidades de la población en el marco del interés general y atendiendo a la prudente administración de los recursos naturales y económicos disponibles.
Y que una vez concluido ese proceso y obtenido un documento de consenso, se lleve a cabo una nueva evaluación ambiental del conjunto de los referidos instrumentos.
La modificación del Plan General implicaría el traslado de una zona comercial, la ampliación de dos polígonos industriales, el cambio de ubicación de dos institutos y la urbanización de varios terrenos para construir 3.000 viviendas. En total, cerca de 264.000 metros cuadrados de huerta pasarían a ser cemento y asfalto.