La Ley de Gobierno Abierto fue una de las normas que, prácticamente a punto, no puedo ser aprobada en las Corts Valencianes por el adelanto electoral. La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática se ha propuesto rescatar la normativa de la mano de los grupos parlamentarios y ampliar algunos aspectos de participación ciudadana y acceso a la información pública.
El proyecto que maneja la consellera de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, y que se prevé presentar como proposición de ley de Unides Podem, Compromís y PSPV plantea dar una vuelta al Consejo Valenciano de Transparencia y profesionalizarlo. El organismo, encargado de velar por el cumplimiento de las normas de transparencia en la Generalitat y la obligación de publicidad activa, cuenta con 5 miembros -uno por grupo parlamentario- con dedicación parcial y escasa retribución. Los representantes cobran indemnización por ejercicio de actividad y dedican el tiempo que les queda de otras funciones a revisar las quejas.
La propuesta pasa por reducir la composición del organismo a tres personas, con dedicación exclusiva y consideración de alto cargo con rango de director general, sujetas al régimen de incompatibilidades. El texto plantea que la composición sea “equilibrada” entre mujeres y hombres y prevé que las candidaturas se propongan en las Corts Valencianes de entre profesionales de prestigio con experiencia en el campo del derecho público o la administración pública. El mandato será de cinco años, renovable por otros cinco y los candidatos deberán contar con el apoyo de tres quintas partes de la Cámara.
La regulación actual de Consejo se basa en la Ley de Transparencia de 2015, una de las últimas del Consell del popular Alberto Fabra. Con la profesionalización se pretende aligerar la carga de trabajo de los consejeros y la respuesta a las quejas ciudadanas. Para los consejeros actuales, la norma plantea una disposición adicional para que puedan seguir en el cargo hasta terminar su mandato.
La norma será una de las primeras en presentarse esta legislatura, interrumpida por la pandemia del coronavirus. Los grupos parlamentarios deciden esta semana si reanudan los plenos a partir del 12 de mayo -en caso de que la Comunitat Valenciana entre en la Fase 1 de desescalada que maneja el Gobierno- y ordenarán la vuelta presencial a las Corts Valencianes de forma progresiva.