La Policía Judicial detecta cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las ayudas al hermano de Ximo Puig

El Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha detectado cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las ayudas concedidas a la subvención del valenciano y el catalán por la Generalitat valenciana y la catalana a empresas vinculadas al empresario Francis Puig, que van desde la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía de la que correspondería, otras de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado y otras duplicadas.

Así consta en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga este caso, con fecha de 31 de marzo. El titular de este órgano judicial ya ha acordado la citación del administrador de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL, Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, como solicitante de las ayudas, así como del administrador de Canal Maestrat SL, Juan Enrique Adell Bovell para el próximo mes de mayo.

El fiscal había solicitado la declaración de Francis Puig por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las mercantiles que administran no ha podido ser determinada y la de Bovell, administrador solidario de la mercantil Canal Maestrat, por estos motivos y por las imputaciones de falseamiento de nóminas para la obtención de subvenciones.

Igualmente había pedido en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Intervención de la Generalitat valenciana y catalana realicen un informe-auditoría sobre las subvenciones recibidas de la Generalitat valenciana y catalana por cada una de las sociedades entre 2015 y 2018 (Comunicacions del Ports, Mas Mut Produccions y Canal Maestrat), para determinar las cantidades que han podido ser obtenidas indebidamente, petición a la que también ha accedido el magistrado.

Según las conclusiones de la Guardia Civil recogidas en el escrito del fiscal, se ha comprobado la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía que la que correspondiera en todas las empresas analizadas, unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otras facturas de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado según las bases reguladoras de las ayudas.

En este último caso, de acuerdo con la fiscal, en el supuesto de que no lo sean, la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro, y facturas duplicadas y de suministro de energía u otros que no se corresponde con el domicilio social, que integrarían en el primero concepto salvo que también sean ficticias.

Igualmente, la Policía Judicial constata la imputación de gastos realizada al 100% en las solicitudes dirigidas a la Generalitat Valenciana y a las de Catalunya, esto es, “solicitar íntegramente la subvención en ambas administraciones, justificando los mismos gastos”. Según el fiscal, esta acción debe tenerse en cuenta sobre todo en el caso de la última administración dado que la justificación de gastos es la del año anterior y pide comparar cuantías entre las subvenciones de ambos gobiernos para averiguar el exceso en el gasto acreditado.

De acuerdo con el fiscal, la omisión en la solicitud de que se han recibido otras subvenciones con la misma finalidad, especialmente en el caso de las de Catalunya, puesto que la acreditación de gastos es del año anterior, debería ser reconducida a la conducta de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones.

Investigación “ajena” a la Generalitat

El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha defendido que en la causa por la que se ha citado a declarar al hermano del president de la Generalitat, Francis Puig, “no se cuestiona la subvención ni el modo de darlas ni recibirlas” y que es “ajena” a la administración autonómica.

Así se ha pronunciado Mata en declaraciones a los medios en pasillos de Les Corts este miércoles, donde ha indicado que se está investigando a una empresa por “cómo ha justificado subvenciones en tres comunidades autónomas”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga las presuntas irregularidades en ayudas concedidas a empresas vinculadas a Francis Puig, le ha citado a declarar el próximo 23 de mayo.

Por parte del resto de grupos, tanto Compromís como Unides Podem han mostrado respeto a los procedimientos judiciales. La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha mostrado su confianza en la gestión de la administración en cuanto a la asignación de subvenciones.

Desde la oposición, Fernando Llopis (Cs) ha criticado que “cuando el PSPV habla de hermanos del primero tendría que controlar es al de Puig” y ha señalado: “Toca esperar, pero la sensación que tenemos es que no todos los valencianos son iguales a la hora de recibir las ayudas del Botànic”.

Por parte de Vox, su síndica, Ana Vega, ha pedido “asumir ya responsabilidades políticas”. “Estamos hablando del hermano del Presidente. Además, la Guardia Civil ha abierto un expediente para investigar también al hijo y al abogado del Presidente Puig. Estamos hablando de dinero público. A todos los valencianos les cuesta mucho contribuir al erario público, pagando sus impuestos y debemos exigir más responsabilidad en el gasto de este dinero”, ha agregado.