Un año del pacto de PP y Vox en la Generalitat Valenciana: confrontación lingüística y cultural sin apenas gestión

El 28 de mayo se cumplió un año de las elecciones autonómicas que sacaron a la coalición de izquierdas del Gobierno valenciano y la reemplazaron por un pacto del PP con la extrema derecha. La alianza de Carlos Mazón con Vox tardó apenas dos semanas en materializarse, en un pacto exprés que se presentó con un folio de cinco puntos: “1) Libertad, para que todos podamos elegir; 2) Desarrollo económico, para reducir gasto innecesario e impulsar la economía; 3) Sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales; 4) Señas de identidad, para defender y recuperar nuestras señas de identidad; 5) Apoyo a familias, para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias”. Esas cinco escuetas ideas dieron pie al primer Ejecutivo autonómico en la Comunitat Valenciana con presencia de la ultraderecha; tres consellers de Vox por siete del PP, incluido el presidente.

Populares y ultras llegaron con la promesa de desmontar la arquitectura del Gobierno del Paco del Botánico y un año después están a punto de materializar algunas de estas medidas. La mayoría de los conservadores con los ultras derogó nada más llegar la ley de la tasa turística, que no vivió lo suficiente para implementarse. Otra de las medidas iniciales fue la rebaja fiscal a las grandes fortunas y la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El Ejecutivo quiso promocionar que la bajada en la recaudación se compensaría con un recorte en las consellerias y en los altos cargos del Gobierno autonómico, unas cuentas que no terminan de cuadrar. Respecto al presupuesto, apenas se ha ejecutado un 5% en el primer semestre del año.

En el primer año de Gobierno las referencias a la violencia machista quedan a criterio de la Conselleria de Igualdad, que ahora tiene rango de vicepresidencia segunda. La vicepresidenta y consellera Susana Camarero se enfrenta a los colectivos feministas y a los LGTB+, que se han plantado ante su gestión; unas alertan contra el “retroceso” en políticas de igualdad, contra la inclusión de negacionistas de la violencia de género en las instituciones y contra el registro de una fundación de “hombres maltratados” por sus mujeres; otros contra el 'pinkwashing' de su departamento y la expulsión de los colectivos de los actos institucionales. Del mismo modo que no hay unanimidad contra la lgtbifobia, tampoco hay pancarta contra la violencia machista en las Corts Valencianes.

En paralelo, el Parlamento valenciano tramita la derogación de la ley de memoria democrática y su sustitución por una norma de “concordia” que elimina las referencias a la dictadura franquista. Aunque lleva el sello ideológico de Vox, Mazón asegura que es una ley tan suya como de sus socios. En el mismo paquete legislativo se tramitan la reforma de la radiotelevisión pública, que asegura su control por parte de los conservadores; cambios en transparencia y Antifraude, con la renovación del ente bloqueado, y una nueva ley educativa que regresa al distrito único segregador y reduce la presencia del valenciano en las aulas.

En el apartado de hacer y no en el de deshacer, el Ejecutivo bipartito opta por el reciclaje. Es el caso de los planes de Vivienda y Salud Mental, que son una imitación de los puestos en marcha por el Pacto del Botánico con un par de añadidos neoliberales, como la cesión de derechos a empresas privadas a cambio de facilitar la resolución del problema a la Administración. Sí se ha comunicado la reversión de las concesiones sanitarias, a falta del Hospital del Vinalopó y de comprobar qué sucede con la deuda pendiente de las empresas a Sanidad, las conocidas como liquidaciones.

El Ejecutivo de Mazón ha puesto en el foco a las entidades valencianistas, tanto en la escuela como en la cultura, y a la Académia Valenciana de la Llengua, que Vox no reconoce y el conseller de Educación cuestiona. Bajo el fantasma del catalanismo, el vicepresidente Vicente Barrera afirmó que no se destinaría un euro a entidades que hablaran que defienden la unidad lingüística de valenciano y catalán. El partido ha hecho de la censura su seña de identidad, cuestionados constantemente por los sectores culturales: desde vetar las películas Barbie o 20.000 especies de abejas en una biblioteca municipal hasta querer apartar los libros LGTB+ de las secciones infantiles.

En este primer ejercicio se ha anunciado una ley de turismo, una para acelerar la tramitación de renovables -que siguen estancadas - y la remodelación de leyes ambientales y urbanísticas que rebajan la protección del territorio. En las calles, se manifiesta constantemente el personal vinculado a servicios sociales por los impagos reiterados, la comunidad educativa ha organizado una huelga masiva y los bomberos forestales protestan por la falta de medios contra incendios.

La presencia de Vox en el Consell parece relegada a las cuestiones culturales y simbólicas; discursos incendiarios y una política cultural que quiere defenderse como “blanca”, pero que en la práctica implica festejos taurinos, eliminación de manifestaciones valencianistas y mayor presencia de actos religiosos. Vox se dedica a dinamitar lo que hasta su llegada se había considerado un consenso, a crear incendios que después apagan sus socios de Gobierno. En el campo de la gestión, su margen de maniobra es escaso, como lo han sido sus medidas: apenas han ejecutado presupuesto o presentado plan alguno en Cultura, Agricultura o Justicia, sus tres consellerias.

Al presidente valenciano no se le nota incómodo con sus socios. Este martes celebró un acto de partido por la efeméride, un año del gobierno “del cambio”, donde reivindicó que trabajan para que está sea “la comunidad con más desgravaciones fiscales de toda España”. Su acción política se centra en batallar contra el Gobierno central: recursos contra el trasvase, contra la amnistía y la reclamación de la reforma del sistema de financiación, donde encuentra con el apoyo de la izquierda pero no de sus socios. El 28 de mayo, en la celebración del aniversario, dijo: “Si alguno se avergüenza [del pacto de gobierno], es su problema”.