La eliminación del tope salarial de 93.000 euros en el Gobierno de Mazón, en el aire por la oposición de Vox y la izquierda

La pretensión del Ejecutivo valenciano de eliminar los topes salariales para los altos cargos que sean funcionarios queda en el aire. La medida, que se incorporó fuera de la negociación sindical en un decreto sobre la movilidad del personal relacionado con la DANA, ha generado un intenso malestar en los grupos parlamentarios, que amenazan con tumbar la norma en su tramitación parlamentaria.

Aunque ni el decreto ni el Consell de Carlos Mazón han aclarado a quien afectará la eliminación del tope, que hasta la fecha estaba en un 15% del salario del presidente (93.000 euros brutos anuales), gracias a un pacto del PP con Vox, la redacción del texto y las declaraciones de los miembros del Ejecutivo llevan a pensar en el vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols o al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Como militar en la reserva, su salario ronda los 91.000 euros, casi en el límite legal que el Ejecutivo deroga con el decreto. El teniente general retirado afirmó en su primera rueda de prensa como vicepresidente segundo que desconoce su salario y lo sabrá cuando reciba la nómina, asegurando que no negoció las retribuciones con el jefe del Consell. La vicepresidenta del Ejecutivo, Susana Camarero, insistió en que desconoce cuál será la nómina de Gan Pampols y que “se hará público en cuanto lo cobre”, ubicando esta información en el Portal de Transparencia de la Generalitat.

Los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes, que decidirán si se convalida o no el decreto de la Generalitat, se oponen a esta cuestión. Los socialistas exigen saber el salario íntegro del número 3 del Consell y han presentado una solicitud de documentación para que Gan Pampols “explicite cuál va a ser su sueldo bruto con los complementos y demás conceptos”, como los trienios a los que tiene derecho por ser funcionario público. Por parte de Compromís, el portavoz Joan Baldoví consideró que “lo primero que tenía que hacer es decir qué va a cobrar, no cuesta tanto y tenemos todo el derecho del mundo a que esto se sepa”, mientras la portavoz adjunta Isaura Navarro censuró que el vicepresidente “mienta” cuando dice que tiene “unos derechos retribuidos consolidados” y ha sostenido que “nunca se había subido el sueldo de esta manera como ahora”.

Los exsocios del PP en las Corts también enfrían la posibilidad de que se puedan aumentar los salarios para quienes vienen de la función pública. El portavoz de Vox, José María Llanos, afirmó que harán lo que esté en su mano para “evitar” una subida de sueldos, considerando “inoportuno” el planteamiento en el decreto. “Quien viene a la política, igual que tiene que venir llorado de casa, tiene que saber a lo que viene, que es a hacer un servicio público”, afirmó, “a falta de un futuro debate en el momento que llegue” este decreto ley al parlamento valenciano. Teniendo en cuenta los antecedentes de Vox como oposición, el camino podría ser tratar de enmendar esta disposición en el debate parlamentario. El partido de ultraderecha también amagó con tumbar las medidas que permiten la construcción de hoteles en primera línea de playa y terminó pactando esta cuestión con el PP, el mismo día que se produjo la DANA. Si el decreto no cuenta con la aprobación de las Corts, no se podrá aplicar.

Por su parte, el portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha confiado en que se publique “cuanto antes” el salario del número 3 del Consell, por “transparencia” en la gestión, y “situación excepcional” y ha considerado “lógico y normal” que las personas que se incorporan al Gobierno valenciano “cobren las retribuciones que tenían antes”. Esta medida no se había adoptado hasta el pacto del PP con la ultraderecha en el Ejecutivo, el primero en permitir una subida de las retribuciones de altos cargos de tal calibre.