La Audiencia Nacional ve “increíble” que Olivas no conociera las operaciones de Bancaja y Banco de Valencia en México

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del expresidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas y de otros 47 exdirectivos de Bancaja y Banco de Valencia por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral en México que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” para las entidades. En opinión de los magistrados, resultaría “increíble” que Olivas no hubiese estado al tanto.

Por estas operaciones inmobiliarias, que tuvieron un valor de 750 millones de euros, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ya ha abierto juicio oral contra los 48 exdirectivos, a los que ha impuesto además una fianza conjunta solidaria que asciende a más de 1.437,78 millones de euros.

Así, el magistrado requiere a Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer Daudí, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez Toral, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt para que presten, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 639.268.905 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudiera imponérseles.

En el caso de José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí, el juez les requiere igualmente por importe de 406.160.000 euros, mientras que para el resto de acusados -otras 35 personas- se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros.

El auto, que recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Bankia Habitat y Banco de Valencia (Caixabank), da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento.

De Egea envía a juicio a los 48 exdirectivos al considerarles responsables de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Inversiones de enorme magnitud

Según el relato de los hechos que hizo la magistrada Carmen Lamela, la anterior jueza instructora, entre 2005 y 2009 Bancaja --una de las siete cajas que actualmente integra Bankia-- y Banco de Valencia --absorbida por Caixabank-- participaron en inversiones inmobiliarias “diversas y de una enorme magnitud económica” en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Corald.

En palabras de la magistrada, “los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.

En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.

En la confirmación del procesamiento que hace la Sala de lo Penal, los magistrados consideran que “no se puede establecer” que Olivas fuera “ajeno a los acontecimientos analizados” y el hecho de que fuera presidente no ejecutivo “será una cuestión a dirimir en el juicio oral”.

En todo caso, recuerdan que las dos entidades presididas por Olivas fueron las “financiadoras” de las operaciones inmobiliarias, de modo que resulta “increíble que no estuviera al tanto, sino al revés, pues le incumbía presidir los consejos de administración en que se aprobaban” los mencionados proyectos. PAGARON A OLIVAS 14 VIAJES A CUBA

La operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos 'Emerald', 'Zacatón', 'Piedras Bolas' y 'Vinoramas'; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó. Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba “realmente” dirigida “desde dentro” de las entidades porque a Izquierdo y Parra “les guiaban espurios intereses económicos” conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la “postura consentidora” de Olivas, entre otros.

Sobre el expresidente valenciano, Lamela sostenía que “conoció y alentó las inversiones millonarias” que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un “continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó”, de tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

Ahora, la Sala de lo Penal comparte este argumento afirmando que “se trató de un favorecimiento económico de forma sistemática e injustificada” llevado a cabo por Bancaja y Banco de Valencia, “amén de la alusión a unos viajes de ocio en 14 ocasiones de los que resultó beneficiado el señor Olivas”.

A lo largo de la investigación de la Audiencia Nacional se ha determinado que los consejos de administración de Bancaja permitieron las operaciones “en claro menoscabo de la entidad”, con múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, “constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros”.

Asimismo, durante la instrucción se pudo determinar una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la “injustificable plusvalía” de la operación 'Zacatón' y 'Piedras Bolas', que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.

Por este motivo, la Fiscalía pide para Parra e Izquierdo 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiacion indebida y blanqueo de capitales, los mismos que para los empresarios Ferri, Baldó y Poch, mientras que a Olivas le atribuye sólo el primero de los delitos y solicita para él 6 años de cárcel. Para los otros 42 procesados, el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión.