El Pleno de las Corts Valencianes continua la tramitación de la Ley de Cambio Climático con discrepancias entre los socios de Gobierno sobre los impuestos ambientales. Este jueves la Cámara rechaza la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que se queda solo en el intento de devolver la norma al Consell, aduciendo que responde a criterios ideológicos, que los tributos son perjudiciales para la economía y que el Gobierno está condicionado por lobbies.
La cuestión de la fiscalidad divide a los socios del Pacto del Botánico, que trabajan en las enmiendas parciales a la norma junto a Ciudadanos. La ley, que lleva tres años en elaboración por parte de la Conselleria de Transición Ecológica, de Mireia Mollà, proyecta un impuesto para las matriculaciones de vehículos contaminantes, otro para grandes superficies comerciales -porque atraen a vehículos privados- y grava las emisiones contaminantes de la industria. Además, establece la posibilidad de estudiar gravámenes para el sector turístico, en aras de transitar hacia un modelo con menos impacto climático.
La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha reclamado a las Corts Valencianes “interpelar a la sociedad para una realidad incuestionable”, y apoyar una norma que tiene medidas sobre efectos ya visibles: el calentamiento del Mediterráneo, el aumento de temperaturas y los fenómenos extremos, que provocan “pérdida de vidas”. La norma plantea “una acción y una respuesta”, ha insistido.
La ley marca como objetivo, de acuerdo con las líneas fijadas por la Unión Europea, reducir un 40% las emisiones de CO2 en 2030 y declarar la neutralidad de emisiones en 2050. En materia de consumo de energía, el objetivo se fija en una reducción del 35,4% en 2030 y se establece como objetivo que el 42% de la energía consumida en 2030 sea procedente de fuentes renovables.
Pese a que PSPV, Compromís y Unides Podem han presentado medio centenar de enmiendas conjuntas, los socialistas han individualizado seis para aliviar la carga tributaria a pymes, turismo y sector cerámico, que defienden aludiendo al contexto económico. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, apunta a la inflación como razón para evitar aumentar la carga tributaria en algunos sectores y cree que en el caso de la cerámica, que ya compra derechos de emisión, “sería una doble imposición”. Sin embargo, el parlamentario David Calvo, negociador de la norma, ha defendido en el debate a la totalidad que la ley busca fundamentalmente “matricular vehículos menos contaminantes, que la industria emita menos gases de efecto invernadero y se realicen vectores más limpios hacia los polos de consumo”.
La síndica socialista ha hecho hincapié en que la norma “no pretende ser impositiva” y en que “en todos los sectores hay una conciencia elevadísima” para contribuir a mitigar la emergencia climática. Compromís y Unides Podem confían en que su socio de Gobierno sea “fiel y honesto” a la propuesta “ya acordada por el gobierno” y ha sostenido que las enmiendas deben ser “coherentes”. Papi Robles, síndica de los valencianistas, ha subrayado que el régimen fiscal sirve para que las industrias que más contaminen paguen más impuestos, con el objetivo de disponer de un “cajón de dinero” para facilitar la reconversión de los sectores.
En el debate, los grupos de Gobierno han mostrado unidad en el rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox, que pone en duda los informes que avalan el impacto humano sobre el cambio climático. Los diputados de extrema derecha apuntan que en los siglos pasados ya se han dado distintas etapas climáticas, señalando, por ejemplo, que una de las causas de la caída del imperio romano fue una época de grandes heladas. “Debajo del glaciar de los Alpes ha aparecido una calzada romana”, “luego vino una etapa fría, al final del Imperio: el Rin se heló y lo cruzaron los bárbaros”, ha argumentado Vox.
“Debido a la actividad de Trump, Vox y demás seres malignos, a un programa ideado por un profeta 2030 le meto los datos que me da la gana y sale como resultado que en 2050 el planeta estará a 50º grados si Sánchez, Greta y Bill Gates no lo remedian”, ironizaba el diputado José Luis Aguirre, ante la atónita mirada de los parlamentarios del Botánico.
La diputada de Unides Podem Beatriu Gascó ha respondido a Vox que esta norma, además de luchar contra el aumento de emisiones, tiene un factor social: “es una oportunidad frente a una sociedad individualista, consumista, con un nivel de enfermedades mentales provocadas por este sistema social. El cambio climático puede ser una oportunidad, la gente está entendiendo que la comunidad debe dar respuesta y se ayuda, codo a codo. No es un castigo”, ha incidido.
Por su parte, Ciudadanos no está de acuerdo con el régimen impositivo de la ley porque cree que “ahogaría a las empresas”, pero aboga por presentar enmiendas a la norma y votar en contra de su devolución, una posición similar a la que ha defendido el PP, que ha preguntado si se alinea con la norma estatal y cree que que con los impuestos hay riesgo de que las empresas se marchen de la Comunitat Valenciana o cierren.