Un hombre confiesa en el juzgado que custodió dinero de un amigo en un paraíso fiscal. En concreto, que viajó a Luxemburgo, firmó unos documentos como “favor” y regresó a España hasta que años después saltó la liebre. Los fondos se movieron a Andorra y Panamá, parte de ellos a su cuenta personal, y el hombre asegura que acudió a pedir explicaciones. Después se movieron a España a través de compras e inversiones, realizadas por unos a nombre de otros.
El hombre que confiesa es Joaquín Barceló, el dinero son unos 6 millones de euros, y el otro, el amigo al que señala, es Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP. Las declaraciones se han realizado el 9 y 10 de abril, en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se dirime si el expresidente cobró comisiones por adjudicaciones y las ocultó, como sostienen la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, que pide 19 años de prisión, y en la política valenciana no ha pasado nada.
Un día antes que Barceló, Zaplana declaró que los fondos no eran suyos, tampoco las parcelas o los inmuebles, y que simplemente es “amigo” de los otros encausados, y que fruto de esa relación amistosa navegaban juntos o incluso se prestaban las viviendas, rebajando el papel que le atribuye la acusación a una “gestión” o mera “intervención”.
La confesión de una de las partes clave, la defensa del acusado o la investigación a una de las piezas más importantes de la derecha valenciana en la última década apenas ha provocado comentarios en público en el Partido Popular valenciano. En las Corts Valencianes, el partido no se ha pronunciado sobre la cuestión, pese a que la oposición no ha dejado de recordar que el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está en política gracias a quien hoy está sentado en el banquillo. Compromís incluso ha presentado una comisión de investigación sobre la privatización de las ITV, de donde presuntamente procede el dinero, que teniendo en cuenta las mayorías parlamentarias se quedará en una propuesta.
El presidente de la Generalitat Valenciana ha evitado todo lo posible el contacto con la prensa durante la semana clave del juicio. El lunes Mazón estuvo en el Senado en el pleno contra la amnistía, el martes se reunió con la embajadora de Alemania, el miércoles estuvo en Bruselas con la presidenta del Parlamento Europeo y el vicepresidente de la Comisión Europea, el jueves en la romería de la Santa Faz de Alicante y el viernes en un acto de la patronal en la Universitat Politécnica de València primero y en Alicante después. El dirigente valenciano ha dedicado sus actos de la semana a hablar de Cataluña, agricultura europea, comercio con Alemania y las tradiciones religiosas alicantinas. No fue hasta el jueves por la tarde cuando, a preguntas de los periodistas, habló del juicio al expresidente de su partido: “Siempre he respetado los procesos judiciales, siempre, y esta vez no va a ser una excepción. Cuando le ha tocado a alguien de mi partido y cuando no”, dijo, para afear que “algunos” utilizan un “criterio random o arbitrario” a la hora de opinar sobre procesos judiciales y “si le toca al de enfrente, sí que se opina”.
La última sesión de control al Consell ya se cambió de fecha, pasando del jueves a miércoles 20 de marzo, porque el presidente viajaba a Murcia, aunque el PSPV lanzó la teoría de que era para no coincidir con el inicio del juicio al expresidente popular.
Mientras tanto, en la semana del juicio, los populares y sus socios de ultraderecha han centrado su actividad parlamentaria en una comisión de investigación al sector público instrumental durante el gobierno de PSPV, Compromís y Unidas Podemos, que arrancó mientras el amigo del expresidente confesaba. El Parlamento autonómico concentró la actividad el miércoles, donde se solaparon dos comisiones parlamentarias con la junta de portavoces, que habitualmente se celebra los martes.
Los socios del Consell, el PP y Vox, enmarcan la investigación de las dos legislaturas del Pacto del Botánico en base a informes de la Sindicatura de Comptes o la Intervención de la Generalitat y han rechazado ampliar el marco. Cuando la oposición les recriminó la coincidencia con el juicio, y les acusó de iniciar un paquete legislativo que “seguía el manual del zaplanismo”, Vox respondió: “¿Qué tiene que ver Zaplana?”.