El Consell se personará como acusación particular en la causa de Ribera Salud
Un juzgado de Valencia investiga desde el pasado mes de mayo las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer desde Ribera Salud -empresa que gestiona los hospitales públicos de Alzira, Elche y Torrevieja- y que podrían suponer la comisión de los delitos de prevaricación y malversación por el cobro de comisiones irregulares en la adquisición de prótesis médicas. Así, la fiscalía pidió la imputación de Alberto de Rosa y Pablo Gallart, los administradores de la central de compras de la compañía (B2B). La conselleria de Salud Universal, tras conocer esta investigación, anunció que estudiaba personarse en la causa.
Al conocer la información, desde el Consell apuntaron la posibilidad de personarse en la causa e incluso investigar la rescisión del contrato, en caso de confirmarse lo que investiga el juzgado. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmado este jueves que la Abogacía de la Generalitat se personará en la causa.
Además, según ha detallado, se ha enviado un nuevo requerimiento a las cinco concesionarias de los hospitales públicos valencianos. Hace unas semanas se envió una primera tanda de solicitudes de información a las concesionarias para que explicaran sus contratos con los proveedores y las relaciones del departamento de compras de medicinas. En esta segunda ronda, se solicita específicamente información a la empresa Ribera Salud sobre la relación con B2B -empresa investigada-, las compras de prótesis y la existencia de esas comisiones.
El ejecutivo autonómico actuará “en consecuencia” en el caso de que se deriven responsabilidades administrativas, ha señalado el president. Por el momento, ha anunciado que la concesión del Hospital de Alzira, que finaliza el próximo 1 de abril de 2018, no se renovará.
Puig ha lamentado que las cinco áreas de salud que se encuentran en manos de concesiones privadas “no estaban sometidas a ningún tipo de control” por parte de la Generalitat, una situación que ha achacado a la “dejadez” del anterior gobierno del Partido Popular. De hecho, así figura en los informes de la Sindicatura de Cuentas.
Así, ha apuntado que cuando PSPV y Compromís se hicieron cargo de la Generalitat, había 24 liquidaciones pendientes, “sólo el área de Torrevieja estaba al corriente” de los pagos. El president se ha mostrado firme en el compromiso del Consell de “acabar con la opacidad y el oscurantismo en la sanidad pública”. Para ello, la pasada semana remitieron al juzgado toda la documentación que se les había requerido, “además de toda aquella que creemos que puede ayudar en la investigación”.
Del mismo modo, la conselleria de Sanidad ha iniciado una investigación administrativa y analizará la documentación solicitada a las concesionarias de los hospitales privatizados para actuar en consecuencia.
