El Parlamento valenciano cita al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, para dar explicaciones sobre la propuesta de concesión a la empresa de Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). La comisión de Obras Públicas de las Corts Valencianes ha dado el visto bueno a la petición, planteada por Compromís y Ciudadanos, para que el presidente de la APV explique cómo se gestó una propuesta que tuvo que frenar por un cúmulo de advertencias sobre irregularidades y dos investigaciones judiciales.
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aprobó en 2019 una permuta que implicaba rescatar los astilleros de Unión Naval de Valencia SA, sin uso desde 2012 y con un contrato en vigor hasta 2027, con una compensación de una concesión a 35 años para la construcción de un edificio de oficinas de 13 plantas a favor de Boluda Corporación Marítima. El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron dos investigaciones sobre la permuta en enero y septiembre de 2021, aunque la última se archivó al deshacerse el acuerdo por la propia Autoridad Portuaria. Tras conocer la primera investigación, el organismo que preside Aurelio Martínez inició el procedimiento para paralizar la permuta mediante un expediente de lesividad que deja sin efecto la decisión.
La Abogacía del Estado consideró que la concesión no requería rescate por los años que llevaba parada la actividad y detectó varias irregularidades en la propuesta, como adelantó en exclusiva elDiario.es el pasado febrero. Una semana después, los grupos parlamentarios Compromís y Ciudadanos registraron la petición de comparecencia que se ha debatido este martes. Todos los grupos salvo el PSPV, que se ha abstenido, han apoyado la petición para que Martínez declare, aunque su comparecencia no tiene fecha marcada aún.
Tanto la Abogacía como la Intervención del Estado sostienen que no procedía una compensación por la recuperación de esta concesión, sino que se debió optar por la vía de la caducidad, sin contraprestación para el empresario al estar 10 años sin la actividad para la que se otorgó: la construcción de barcos.
El cuestionado rescate a las concesiones del presidente del lobby empresarial valenciano se enmarca en el proyecto reformado de la ampliación norte del Puerto de Valencia. Los cambios introducidos, que no están amparados por la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, implican el traslado de la terminal de cruceros a la sede de la antigua Unión Naval.
El grupo parlamentario Ciudadanos ha reclamado la comparecencia “para explicar las supuestas irregularidades y la falta de transparencia en la permuta fallida de terrenos al naviero Vicente Boluda denunciada por otros grupos parlamentarios”, en referencia a Compromís y Unides Podem, mientras que los valencianistas piden que comparezca “para informar sobre su gestión” al frente del Puerto de Valencia tras conocer las irregularidades y, según apuntan, la ocultación de informes a los miembros del Consejo de Administración, un organismo donde se encuentran representados la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. La comisión de Obras Públicas se reúne con periodicidad mensual, y, teniendo en cuenta el calendario parlamentario, donde agosto queda fuera del periodo hábil de sesiones, la citación no llegará hasta el próximo septiembre.