La España plurinacional abre la vía en el Tribunal Constitucional para confrontar con las autonomías del PP

Parecía una tarea hercúlea, agrupar a 50 diputados de media docena de formaciones políticas, y al final ha resultado hasta sencilla. El recurso al Tribunal Constitucional contra la ley educativa de la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, ha conseguido reunir una alianza de la España plurinacional.

Compromís logró convencer a los diputados de Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, Bildu y el BNG -con los de Sumar ya contaban- para presentar batalla ante una ley que merma la enseñanza del valenciano, incluso la elimina como obligatoria en algunas comarcas de la Comunitat Valenciana. La cuestión lingüística y cultural ha servido para reeditar un frente común de los partidos de estructura confederal y de los que representan a nacionalidades históricas contra una norma especialmente involucionista, mientras el PSOE ha optado por entablar una negociación con la Generalitat Valenciana a través del Ministerio de Educación. Aunque la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, aseguró en marzo que el Ejecutivo central recurriría esta ley y la de “concordia”, el Gobierno central ha apurado los plazos para convocar sendas comisiones bilaterales, siendo mucho más beligerante en materia de memoria histórica que de educación.

Es el primer recurso de estas características que se presenta esta legislatura, aunque no la primera alianza de las citadas formaciones de izquierdas o nacionalistas. En el mandato anterior, una agrupación similar -entonces algunas fuerzas de Sumar se integraban en Unidas Podemos y otras en el grupo plurinacional y el Mixto- presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de vehículos VTC de la Asamblea de Madrid y de Andalucía, en 2022. Los grupos políticos también barajaron presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de regadío andaluza que autorizaba el uso del agua de Doñana, que finalmente la Junta no aprobó.

La conversación para acordar el trámite ha resultado sencilla, según reconocen fuentes de la negociación. Con el informe jurídico en la mano sobre la vulneración de más de una veintena de leyes, incluidas la Carta Magna y el Estatuto de Autonomía valenciano. Desde Compromís recalcan la predisposición del resto de partidos a combatir una ley que ataca a la normalización de la lengua propia de los valencianos y destacan la sensibilidad por las cuestiones culturales de este grupo plurinacional.

Estos mismos 50 diputados son los que prestan apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una agrupación imprescindible para salvar las votaciones de medidas que comprometen al Ejecutivo. Aunque han manifestado sus diferencias ideológicas, integrantes de estas formaciones sí que ven un acercamiento en materia de derechos sociales y en aceptar que el conjunto de comunidades autónomas están infrafinanciadas, asuntos que se debatirán en los próximos meses en el Congreso.