EU denuncia ante Fiscalía las adjudicaciones a residencias de la familia Cotino
Esquerra Unida, por medio de su diputada Esther López Barceló -acompañada de los también parlamentarios Marga Sanz e Ignacio Blanco-, ha presentado este lunes un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), acompañado de toda la documentación sobre la adjudicación de residencias de la tercera edad por parte de la conselleria de Bienestar Social, para que se investigue este proceso “al objeto de depurar las posibles responsabilidades a que hubiere lugar” -Aerte ya anunció que también iba a denunciar el proceso ante Anticorrupción-.
Como relataba López Barceló, en su momento solicitaron todos los expedientes de las adjudicaciones, y entre la documentación aportada a Fiscalía también se encuentran las transcripciones de las escuchas teléfonicas al empresario alicantino con Vicente Cotino, en las que éste último relaciona determinadas adjudicaciones con la presencia de su tío, el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, en consellerias como Bienestar Social.
Esquerra Unida pretende que la Fiscalía determine si se produjo tráfico de influencias por parte del presidente del parlamento valenciano y otros miembros de la Generalitat, “imputen o no al señor Cotino, la responsabilidad política, la falta de moralidad y ética es manifiesta, y por tanto entendemos que debería dimitir ya”. Además, pretenden “llegar hasta el final” para confirmar si se produjo o no delito en las adjudicaciones de la residencias, “esto trasciende el caso del Plan Rabassa, y es por eso que lo llevamos ante Fiscalía”.
Recuerda López Barceló que se trata de 15 millones de euros para centros residenciales, “en la mayor parte fueron a parar a Savia o Gerocentros, vinculados a la familia de Cotino”. Unas adjudicaciones que denuncian que se produjeron mediante un procedimiento negociado sin publicidad, “y además ahora se ha repetido, en 2013, siendo consellera Sánchez Zaplana, aumentando la cantidad a 22 millones de euros y recayendo de nuevo las adjudicaciones en su mayor parte a Savia y Gerocentros”.
