Ocho funcionarios valencianos han pedido protección en un año al denunciar posibles casos de corrupción
Ocho funcionarios valencianos han pedido el estatuto de protección del denunciante (uno en 2017 y el resto en 2018). Esta figura, que aparece recogida en la ley de creación de la Agencia valenciana de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, vela por que los denunciantes no sufran represalias por facilitar información sobre posibles irregularidades o delitos. La obligación de protección ya se recoge en directrices de la ONU, la OCDE o el Consejo de Europa. El director de la agencia valenciana antifraude, Joan Llinares, ha comparecido este martes en las Corts para explicar la actividad del organismo que lucha contra la corrupción en las instituciones valencianas.
En 2017 sólo se resolvió un expediente a este respecto, relacionado con el secretario de Poble Nou de Benitatxell, el primer funcionario valenciano protegido como denunciante por la Agencia Antifraude. Las personas que poseen información comprometida para cargos con poder se plantean a menudo poner en conocimiento de las autoridades esta información que implica exponerse a riesgos profesionales y personales. El caso más conocido y reciente en España es el de Hervé Falciani, el trabajador de la banca suiza que destapó a centenares de evasores fiscales y ahora colabora con esta entidad para crear un software que detecte los rastros de la corrupción en la administración pública.
Según ha destacado Llinares, los sindicatos y asociaciones se muestran más tranquilos con esta protección. La Agencia reserva la identidad de sus informantes y el personal tiene el deber de guardar el secreto.
Después de un buen rapapolvo a los parlamentarios, en el que Llinares ha criticado las carencias de la ley y la escasez de medios para la Agencia -crear un organismo sin dotarlo de infraestructura básica da sensación de ineficiencia, ha reprochado, recordando que estuvo meses trabajando sin personal y sin sede fija- ha comenzado a relatar las actuaciones iniciadas durante 2017. Hasta la fecha no se ha aprobado ningún expediente sancionador (la Agencia puede aplicar multas de hasta 400.000 euros), si bien Llinares ha lamentado actitudes “no especialmente positivas” por parte de ciertas administraciones a las que se ha pedido información, unos hechos que quedarán reflejados en la próxima memoria, ha apuntado. En concreto, se refería al ayuntamiento de Benidorm, reacio a colaborar con la agencia ante la denuncia de un funcionario y que consideró que era una invasión de la autonomía local.
Pacto contra la corrupción
El responsable ha incidido en la necesidad de “impulsar cambios estratégicos inspirados en la visión preventiva y orientados a que las administraciones sean más resistentes a los riesgos de corrupción”. Al respecto, ha propuesto a las fuerzas políticas un pacto contra la corrupción; un compromiso que suponga un punto y a parte y en el que todos los actores sociales estén implicados.
En el apartado de recomendaciones del organismo se incluyen algunas medidas para poner en marcha este acuerdo, donde insta a adoptar un papel activo en la gestión de los riesgos haciendo obligatoria la elaboración de planes de prevención de riesgos de corrupción y aprobar códigos de conducta para todo el personal, así como para los operadores que sean prestamistas de servicios públicos o perceptores de fondos públicos.
