La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València han comenzado a examinar la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados. Las instituciones eclesiásticas registraron como propios cerca de un millar de inmuebles en la Comunitat Valenciana, desde templos de culto hasta terrenos, locales y viviendas parroquiales. La administración pública ha reaccionado de inmediato, asegurando que investigará qué bienes fueron apropiados de forma indebida durante el periodo de vigencia de la legislación que promulgó el expresidente del Gobierno José María Aznar.
El Gobierno autonómico y el municipal comenzarán a evaluar qué propiedades eran de uso público y deben revertirse a la ciudadanía. La consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ya reclamó en enero de 2020 la lista para investigar los bienes. Su departamento inicia ahora un procedimiento para “averiguar qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permitan recuperarlos para el patrimonio público, que es donde siempre debieron estar”. La consellera reclamará al Gobierno central un listado de los bienes “arrebatados” al patrimonio público: Trabajaremos para que los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica retornen a la ciudadanía valenciana“, indicaba.
Por su parte, el Ayuntamiento de València ha pedido un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado, con especial interés en las viviendas, almacenes y otras dependencias que aparecen en la lista, que alcanza los cuarenta bienes en la ciudad. En el documento público se encuentran la catedral, la iglesia de Santa Catalina, la de Carmen o la del Temple y sus dependencias complementarias, pero también varios inmuebles que no son de culto. De tener carácter público, indicaba Joan Ribó, se pondrán en marcha los procesos legales correspondientes para recuperarlos: “No se trata de los bienes de culto, pero evidentemente hay propiedades de distinto tipo que, en principio, no está clara su pertenencia a la Iglesia”. Además de revertir la propiedad, el Ayuntamiento podría exigir el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios que entren en los supuestos.
En la lista que la vicepresidencia del Gobierno de Carmen Calvo remitió al Congreso apenas figuran títulos que acrediten la propiedad de los bienes por parte de la Iglesia en la Comunitat Valenciana. Como recordaba Pérez Garijo, con la modificación la Ley Hipotecaria en 1998 se permitió la inscripción de bienes públicos “expoliados” por la Iglesia Católica con una certificación del órgano diocesano correspondiente, “lo que ha derivado en la privación a las valencianas y valencianos de la utilización de estos bienes inmuebles en todo este tiempo, además de perderse la rentabilidad patrimonial que hubiera podido derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas”. Fue en 2015 cuando la Iglesia perdió esta capacidad.