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La Generalitat Valenciana aún no tiene suelo para comenzar a construir las 10.000 viviendas sociales prometidas en marzo

Un edificio de viviendas en obras en València.

Laura Martínez

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El plan anunciado a bombo y platillo por Carlos Mazón para construir 10.000 viviendas protegidas no termina de arrancar. Seis meses después de anunciar la medida, que recicla parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo anterior, la Generalitat Valenciana aún no dispone de suelo para mostrar a los promotores que deberán construir el grueso de lo comprometido.

El grueso del plan consiste en que los ayuntamientos cedan suelo a la Generalitat para que esta se los ceda a los promotores y construyan vivienda a un precio más bajo que el del mercado libre. Más de 7.000 de estas viviendas dependen de la voluntad de ayuntamientos y constructores. El decreto de vivienda protegida, que está en fase de elaboración, propone como aliciente la subida del precio de estos módulos y crea una fórmula variable para apaciguar las críticas de los promotores, aumentando la cuantía a 2.400 euros el metro cuadrado. En agosto, eran más de 185 los ayuntamientos que suscribieron el convenio y empezaron a ceder parcelas.

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, que dirige Susana Camarero, reconoce en una respuesta parlamentaria que el plan, de momento, es un intangible. “Gran parte de las parcelas ofrecidas por parte de los ayuntamientos se encuentran en fase de estudio técnico, jurídico, económico y urbanístico, para determinar si el suelo ofrecido es ”edificable“ conforme a las características previstas en el Plan”, afirma en respuesta a la diputada del PSPV-PSOE Maria José Salvador.

La socialista preguntó por el detalle de los metros cuadrados y municipios para realizar las viviendas enmarcadas en el Plan Vive en junio. La respuesta, fechada la última semana de septiembre, indica además que “todavía no es posible determinar ni cuantificar el suelo ”edificable“ cedido por los ayuntamientos más allá de los datos aportados”.

A ello se suman los problemas con los concursos de suelo público para viviendas de alquiler asequible, actuaciones previas al citado plan. En julio la Generalitat volvió a ampliar el plazo porque el concurso para construir las 700 viviendas quedó desierto. En el caso de Sagunto se cedieron solares para la construcción de 200 viviendas en régimen de alquiler asequible y, al quedar desiertos los concursos, se plantean otra modalidad aún por definir.

En su discurso en el debate de política general, el presidente de la Generalitat prometió que antes de finalizar el año licitaría mil de esas viviendas. En verano, el Consell informó de que se ha iniciado la licitación del concurso de derecho de superficie para estas 700 que han quedado desiertas, que comprende 13 parcelas en ocho municipios.

La parlamentaria socialista responsable de vivienda denuncia que “seis meses después de la presentación del plan estrella de Mazón en materia de vivienda, la conselleria reconoce que hay cero metros cuadrados cedidos de suelo edificable por parte de los Ayuntamientos. El tiempo pasa y se demuestra que no es más que humo y un PowerPoint”. La exconsellera de Vivienda afea que “las únicas medidas que avanzan” sean el decreto de vivienda protegida, que incrementa el precio por metro cuadrado o “eliminar la permanencia de la calificación de estas viviendas”, que queda indefinida en el texto en elaboración. Ello supone, afirma Salvador, “aceptar las condiciones de quienes ven la vivienda como un negocio. Mazón está cada día más lejos de garantizar el derecho a la vivienda a todas aquellas personas que necesitan vivienda a precio asequible”, denuncia.

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