El Gobierno no retirará los recursos contra las leyes del derecho civil valenciano
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha rechazado este martes la retirada de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra tres de las leyes de desarrollo del derecho civil valenciano porque sería una “irresponsabilidad” hacerlo teniendo a favor todos los informes jurídicos.
Catalá, que ha participado en Valencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterráneo, ha sido cuestionado por la posibilidad de que el Tribunal Constitucional derogue la primera de estas leyes esta semana, la Ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano.
Aprobada bajo mandado de Francisco Camps, esta ley entró en vigor en 2008 bajo el paraguas del Derecho Civil Foral valenciano junto a otras dos. Se trata de la Ley Valenciana de Custodia Compartida y la Ley de Uniones de Hecho, que también fueron recurridas por el Ejecutivo central por estar invadiendo competencias estatales.
A pesar de que no retirará los recursos, Catalá ha asegurado que no hay “ninguna objeción por parte del gobierno actual” en el fondo de la cuestión. “No estamos discutiendo si la custodia compartida deba ser la regla general o no; si el régimen económico matrimonial debe ser el de gananciales o separación de bienes o el régimen sucesorio. Es un tema de fondo, de competencias”, recalcó el ministro en funciones.
Los límites sobre los que “seguir trabajando”
No obstante, Catalá ha estimado que la sentencia no cerrará la cuestión, sino que establecerá los límites en torno a los cuales “seguir trabajando” y que, a partir de entonces, será necesario el “diálogo” y “debate” entre las administraciones central y autonómica.
En este sentido, Catalá ha indicado que existen “cauces”, como las comisiones de seguimiento, para que, desde el marco de la doctrina constitucional, se pueda trabajar “en el reconocimiento de las singularidades que puedan existir en el marco del derecho civil valenciano”.
Defensa del interés general
“A este gobierno y a cualquier gobierno le corresponde la defensa del interés general y nadie puede desistir de un recurso cuando tiene todos los informes jurídicos de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado”, ha señalado Catalá. “Sería una irresponsabilidad” retirar estos recursos, valoraba el ministro, pese a que el PP valenciano es partidario de hacerlo.
El interés general, ha señalado Catalá, “está asociado con las competencias que son propias del Estado y las que son propias de cualquier comunidad autónoma”.
No obstante, Catalá ha señalado que, cuando se pueda leer la sentencia, se tendrán elementos de interpretación de la norma fundamental que ayuden a orientar en el futuro esta cuestión y emplazó a poder leer la sentencia para tener “doctrina” y sentarse a hablar la Administración central del Estado y la de la Comunitat Valenciana.
