La investigación por la presunta especulación urbanística del exnúmero dos de Carlos Fabra salpica a la actual vicesecretaria del PP en Castellón

El PSPV se mantiene a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 4 Castellón decida si abre juicio oral contra el exalcalde popular durante 24 años de la Vall d’Alba, Francisco Martínez, y mano derecha de Carlos Fabra durante sus años como vicepresidente de la Diputación de Castellón. En caso de que esta apertura finalmente se produzca, declaran los socialistas, pedirán la declaración como testigo de la alcaldesa de Vall d’Alba y candidata del Partido Popular, Marta Barrachina.

El proceso contra Martínez, su hija Andrea Martínez y el empresario Raúl Babiloni, se encuentra todavía en fase de auto de incoación de procedimiento abreviado, paso previo a la apertura del juicio oral. Según explica el auto judicial, los tres investigados se habrían servido de diversas sociedades compartidas para adquirir fincas en el municipio “relacionadas con los programas de actuación urbanística, aprovechando la información privilegiada de la que disponía Francisco Martínez, por su condición de alcalde”.

En su defensa, Martínez aseguró que él no fue el responsable de la aprobación de los proyectos urbanísticos del municipio, sino que delegó la responsabilidad en la Junta de Gobierno –de la que participaba la actual alcaldesa del municipio y vicesecretaria del PP provincial, Marta Barrachina-. La trama salpicaría así a más miembros del Partido Popular durante los años 2005 y 2014, y así lo entiende la acusación popular –representada por el PSPV- que considera que tanto Barrachina, como el resto de miembros del gobierno municipal deben dar explicaciones y deben ser llamados a declarar.

Las penas exigidas por la acusación popular son de 16 años de prisión y una multa de dos millones de euros para Martínez. La Fiscalía, por su parte, reclama una pena de 11 años de prisión por la compraventa irregular de terrenos y haber utilizado su cargo de alcalde para acaparar suelo.

Francisco Martínez ya fue condenado en firme a ocho meses de prisión por un delito de negociaciones prohibidas en relación a un proyecto de construcción de una depuradora en Borriol, que cometió siendo vicepresidente de la Diputación.