La ley de Educación de Mazón se topa con un recurso ante el Constitucional y críticas del Gobierno por vetar el valenciano

La ley de Educación impulsada por el Consell de Carlos Mazón se topa con un recurso de inconstitucionalidad y con el cuestionamiento del Gobierno central. La norma aprobada en las Corts Valencianes con el apoyo de PP y Vox reduce la presencia del valenciano en las aulas e incluso elimina su obligatoriedad en las zonas castellanohablantes, un asunto jurídicamente cuestionado y que puede entrar en conflicto con el Estatuto de Autonomía valenciano.

El Gobierno central ha dado un toque de atención al Ejecutivo del PP con la convocatoria de una comisión bilateral a raíz de la ley que firmó José Antonio Rovira. Este miércoles se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino. El acuerdo supone el compromiso de crear un grupo de trabajo para limar los puntos conflictivos e informar al Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo cuestiona un artículo de la ley y dos disposiciones adicionales, las referentes a las exenciones lingüísticas en las zonas de predominio castellano. En paralelo, la coalición Compromís, respaldada por 50 parlamentarios del Congreso, registra este miércoles un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la norma vulnera una treintena de leyes e invade competencias estatales.

El Gobierno cuestiona el artículo 14, que regula la “exención de la evaluación y calificación del alumnado” en valenciano, que puede solicitarse “sin limitación temporal”, del mismo modo que la exención de la evaluación. Los estudiantes de zonas castellanohablantes -generalmente el sur de las comarcas de Alicante- o los que acrediten residencia temporal en la Comunitat Valenciana no tienen obligación de estudiar ni examinarse en valenciano, y aquellos que no haya sido evaluado en dicha materia durante alguno de los tres últimos cursos escolares, por no haberla cursado o por haber obtenido la exención de la evaluación y calificación de la misma, tendrá derecho a solicitar la exención de la prueba de valenciano, también en las pruebas de acceso a la universidad.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también pone reparos a dos disposiciones adicionales de la ley, que regulan la exención lingüística a los profesores. Según apuntan estos artículos, “el personal docente funcionario de carrera con destino en otras comunidades autónomas que solicite obtener un destino en comisión de servicios en la Comunitat Valenciana (...) que deba acreditar un determinado nivel de conocimiento del valenciano para impartir docencia, y no disponga del mismo, podrá excepcionalmente obtener el destino por un periodo máximo de 4 años, siempre que su solicitud de comisión de servicios se encuentre motivada en causas sociales o traslado de la unidad familiar a la Comunitat Valenciana”. Es decir, que tampoco tendrán la obligación de aprender la lengua cooficial de la Comunitat Valenciana.

El grupo parlamentario de Compromís, integrado en Sumar, ha conseguido el apoyo de 50 diputados de los grupos Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG para llevar la ley al Tribunal Constitucional. Los diputados valencianos encargaron un informe jurídico que apunta el incumplimiento de la Constitución, el Estatut de Autonomía valenciano y varios reales decretos y cuestionan el concepto de “libertad educativa” que promulga la norma.

Según las formaciones políticas que suscriben el recurso, esta ley incumple 28 artículos de leyes superiores: 8 de la Constitución, 16 de la ley educativa estatal, 1 del Estatuto de Autonomía valenciano y 3 reales decretos. Los 15 artículos de la Ley de Libertad Educativa que colisionan con normativas superiores son: Artículo 3, apartado quinto; Artículo 3, apartado octavo; Artículo 4, apartado 1; Artículo 5, apartados 1, 3 y 4; Artículo 6, apartados 1 y 5; Artículo 7, apartado 5 ; Artículo 8; Artículo 9; Artículo 10; Artículo 11, apartado 5; Artículo 12, apartados 3 y 4 ; Artículo 13 ; Artículo 17; Artículo 18; Artículo 19.2.c); y Artículo 20.1.

Rovira: “No sé si el ministerio se la ha estudiado bien”

Las críticas no parecen molestar al conseller de Educación del Gobierno valenciano, que ha ironizado sobre la comprensión lectora del gabinete ministerial. Rovira defiende que la ley es “fruto del consenso político” en la Comunitat Valenciana y ha deslizado: “No sé si el Ministerio se la ha estudiado bien”. “Autoriza a que los alumnos que viven en zonas castellanoparlantes tienen derecho a la exención desde el año 83, esa es la discrepancia”, ha apuntado en declracaciones a los medios este miércoles. “El Gobierno dice que lo hagamos --la exención de cuatro años para formarse en valenciano a personas que vengan de fuera de la comunidad-- solo en casos excepcionales por temas de conciliación familiar. Y nosotros abríamos la mano a que personas docentes de otras comunidades puedan venir y darles un plazo para que se saquen su titulación de valenciano”, sostiene el conseller popular.