Mazón hace responsable a Puig de la moción de censura para tumbar en Orihuela al alcalde que cobró de Sanidad sin ir a trabajar

El líder del PP valenciano acusa al presidente de la Generalitat Valenciana de urdir una moción de censura para expulsar al alcalde de Orihuela, imputado por malversación de caudales públicos al cobrar de Sanidad durante seis años sin acudir a su puesto de trabajo. El próximo lunes, 25 de abril, el pleno municipal votará una moción pactada por los cinco concejales de Ciudadanos y el PSPV-PSOE, con el apoyo de Cambiemos Orihuela, la marca de Unidas Podemos en el municipio, para investir como alcaldesa a la socialista Carolina García. La moción implica la ruptura del pacto que durante siete años ha mantenido al popular Emilio Bascuñana al frente del Ayuntamiento, pese a las pesquisas de la Agencia Antifraude y del juzgado.

Siguiendo el guion de los populares respecto a la estafa de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Mazón atribuye al Partido Socialista una maniobra con intereses ocultos para expulsar al alcalde de Orihuela del consistorio. “Ximo Puig es el máximo responsable de que a cualquier precio el PSOE elabore una moción de censura para hacerse con la alcaldía de Orihuela”, afirmaba Mazón en una rueda de prensa con los responsables del partido en Alicante y la capital de La Vega Baja. La moción de censura, considera el dirigente del PP, “huele mal” y en ella “hay cosas que no sabemos”, indicaba para después dudar de si saldría adelante.

El popular ha exigido a la dirección de Ciudadanos que manifieste si respalda la operación, la segunda ruptura municipal de las formaciones conservadoras en la Comunitat Valenciana tras la moción en Rocafort. “Esta moción de censura parece que está más en intereses internos de los partidos que la sustentan que en defender los intereses de Orihuela (...) Es una moción de censura sin proyecto, sin prioridad, que pretende vivir de la renta del trabajo tan duro que ha estado realizando el PP”, insistía el dirigente, que ha hecho un llamamiento a los partidos para frenar la moción, que calificó de “sinrazón” y “disparate”.

La dirección de los naranjas evalúa qué medidas tomar contra el grupo municipal, dado que la moción cuenta con el apoyo de la marca de Podemos, que no asumirá competencias. La coordinadora autonómica de Ciudadanos, María Muñoz, reiteraba en un comunicado: “Desde el minuto uno que se presentó esta moción la dirección nacional de Cs ni la autorizó ni la respaldó”. Las declaraciones de Muñoz chocan con las que hiciera en su día su predecesor, Toni Cantó, que afirmó en una entrevista: “Si se confirma la imputación del alcalde de Orihuela, tendrá que asumir responsabilidades y dimitir. Si no, Ciudadanos dejará caer al gobierno”.

El todavía alcalde de la localidad alicantina asegura que el partido “está más fuerte que nunca y se está rearmando”. “Estamos ante una moción de censura que nadie entiende” ya que Orihuela “lo último que necesita es una moción de censura a un año de las elecciones”. Lo que necesita es que “quienes quieren alcanzar el poder a toda costa desaparezcan y hacer un pacto de gobierno para aprovechar sin fisuras este año que queda de legislatura. Nuestra gestión nos avala y esta moción no se sustenta ni está justificada. Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando por Orihuela y defendiendo sus intereses hasta el último día”.

En paralelo a la moción se han sucedido una serie de acusaciones entre los miembros de las formaciones conservadoras. Un sector del PP de Orihuela, dirigido por una gestora, denuncia ante el Comité de Derechos y Garantías que cuatro miembros del órgano no pueden formar parte de él porque fueron expulsados del partido y no cumplen los requisitos, al tiempo que asegura que el grupo municipal debe 50.000 euros al partido, según recoge el diario Información. Por otra parte, el portavoz del Grupo Popular y concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Orihuela, Rafael Almagro, ha presentado una denuncia por la vía penal contra el gerente de Orihuela Cultural, el asesor de Ciudadanos Luis Ruiz Rodríguez, por delito de administración desleal, al mantener cerrados los museos de la ciudad en Semana Santa en contra de las instrucciones del alcalde. Ambas informaciones han aflorado a cinco días del desalojo del alcalde imputado por haber estado seis años cobrando de la Sanidad pública sin acudir a trabajar.