Montero reunirá a las comunidades en febrero para abordar la reforma de la financiación tras las presiones de los territorios peor parados
El Ministerio de Hacienda comienza a activar el calendario para la reforma del sistema de financiación y la corrección de las deficiencias del modelo vigente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, empezará a reunirse con los presidentes autonómicos en febrero, a los que pide “dejar a un lado las posiciones maximalistas de cada territorio”, apenas 24 horas después de que los dirigentes de las cuatro comunidades más infrafinanciadas subrayaran su descontento en una conversación en Fitur. “Vamos a tratar de llegar a un acuerdo de país para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales”, ha dicho la ministra en su comparecencia en el Congreso, donde ha explicado sus líneas para la legislatura.
El miércoles, en el marco de la feria de turismo en Madird, los presidentes de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha mantuvieron un breve encuentro en el que cerraron filas para exigir una compensación por la falta de fondos del Estado. “El fondo de nivelación es fundamental”, dijo el presidente valenciano, Carlos Mazón, arropado por Juan Manuel Moreno Bonilla, Fernando López Miras y el socialista Emiliano García Page, para sorpresa de su partido.
La socialista citará a los dirigentes autonómicos para materializar la quita de una parte de la deuda, como pactó el PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, y se compromete con la reforma del sistema, para la que pide apoyo al PP. En concreto, emplaza a Alberto Núñez Feijóo, a que proponga una estrategia para la reforma del sistema de financiación autonómica y ha incidido en que fue el dirigente popular quien “rehusó” la propuesta de crear una mesa con el PSOE para reformar el sistema. “No tienen un modelo que pueda ser útil para el conjunto del territorio, en cada parte están en una posición de máximos”, ha apostillado Montero.
La ministra de Hacienda también ha dejado ver que no hay problema en aumentar los recursos al conjunto de comunidades autónomas, otra reivindicación histórica de los territorios, apuntando que una “reasignación justa” de los diferentes niveles de la administración “no afecta al endeudamiento global” del país, por lo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad para los sectores de inversión y finanzas. Después, Montero ha subrayado que el Gobierno quiere que tengan autonomía financiera y puedan volver a los mercados: “Esta asunción por parte del Estado de la deuda implica que las comunidades tendrán mayor margen de actuación para que puedan financiar sus competencias en la medida en que se ven liberadas”, ha apostillado.
Pese al compromiso manifestado dentro del Congreso, unas declaraciones previas a la comparecencia han levantado revuelo. Según ha dicho la ministra, la petición de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana de un mecanismo que compense a los territorios hasta la reforma del sistema fue rechazada en el último encuentro con los consejeros de Hacienda. “En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró hace unos meses, ante la petición de algunas comunidades autónomas, yo planteé esta cuestión, y el conjunto de comunidades autónomas dijo que no”, ha indicado, preguntada por si se incluirá este fondo en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Esta propuesta no es solo un planteamiento de los dirigentes del PP, sino que viene recogida en el acuerdo con Compromís-Sumar para la investidura de Sánchez. El texto pactado con la formación de Yolanda Díaz, a instancias de Compromís, dice: “Mientras esta reforma [del sistema de financiación] no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado”. El acuerdo no concreta cuál es el mecanismo, por lo que Hacienda podría optar por continuar con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) u otras transferencias a las comunidades.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este jueves en un desayuno informativo de Europa Press que “el sitio donde discutir la financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera” y ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez “se niegue a escuchar a los presidentes autonómicos” al no convocar una reunión de ese órgano multilateral. “Lamentablemente los presidentes tendrán que hablar donde puedan porque el Gobierno se niega a hablar con ellos”, ha enfatizado, dando apoyo a sus tres barones. Además, Feijóo ha recalcado que el PP, “con sus presidentes autonómicos a la cabeza”, está dedicándose a “ser útil a los españoles”. “Desde el Partido Popular estamos construyendo una España que funciona, mientras Sánchez se apoya en todos los que quieren que fracase”, ha proclamado.
Mientras tanto, los presidentes autonómicos siguen presionando. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien promovió el encuentro, ha vuelto a insistir este jueves en que la reforma no es “una batalla de egos entre presidentes”. “No se trata de una jugada política de corto alcance, sino nada menos que los derechos sanitarios, de la equidad sanitaria y de los servicios sociales en España, que me parece suficientemente importante como para que unamos todas las fuerzas posibles, porque no va de Page ni de Moreno ni de Miras ni de Mazón; va de millones de españoles que están en nuestras comunidades y que no están teniendo los recursos adecuados para su salud. Y con esto ya poca broma, porque ya la ha habido demasiado durante demasiado tiempo”, ha recalcado el líder valenciano, de nuevo en Fitur.
Los socialistas valencianos insisten en que Mazón debe reclamar una condonación de la deuda, un mecanismo sin el que, según los informes de los expertos, la Comunitat Valenciana no puede volver a salir a financiarse a los mercados. Este sistema, que es el que el Gobierno va a poner encima de la mesa el próximo febrero, levanta ampollas en las comunidades del PP, especialmente en la de Madrid, pero para la Comunitat Valenciana implica un balón de oxígeno de casi 10.000 millones de euros. “El Gobierno de España es el que ha puesto sobre la mesa la mejora de la financiación valenciana y la condonación de la deuda generada por la infrafinanciación: no aceptaremos teatrillos para que las derechas vuelvan a bloquear la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales de la Comunitat Valenciana”, insiste el PSPV.
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