La nueva titular valenciana de Justicia, de Vox, fue asesora con el conseller del PP condenado por el 'caso Cooperación'

Del ruedo a la vicepresidencia primera de la Generalitat, de asesorar en la Conselleria de Cooperación a Rafael Blasco a consellera de Justicia, de la Orden de Malta a la conselleria de Agricultura. Así son los tres perfiles que Vox ha escogido como responsables de sus áreas en el Gobierno valenciano en virtud del acuerdo suscrito con el PP.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana recoge ya los nombramientos de los diez miembros del Gobierno valenciano que encabeza Carlos Mazón, que afirma haber escogido a “los mejores” para su Ejecutivo. Según el pacto entre PP y Vox, a la formación de ultraderecha le corresponden los titulares de las carteras de Cultura y Deporte, que es también la vicepresidencia del Gobierno; de Justicia e Interior y de Agricultura, que se centrará en el sector primario.

Hasta este miércoles, el del extorero Vicente Barrera era el único nombre que se había hecho oficial. Amigo personal de Francisco Camps, a quién acudió a respaldar tras su absolución en el juicio de los trajes, es licenciado en Derecho por la Universitat de Valencia y empresario, otra vocación familiar -su abuelo fue un destacado empresario del textil en Ontinyent-. El máximo representante de Vox en el Consell tiene participación en mercantiles de la industria agroalimentaria, en el sector de la restauración y la hostelería, además del mundo inmobiliario. Barrera colgó el capote hace doce años, después de 20 en los ruedos y se afilió a Vox en 2018, donde empezó como coordinador en Ontinyent. El vicepresidente y conseller de Cultura ha defendido la retirada de publicaciones científicas y culturales en espacios públicos como en la biblioteca de Borriana bajo el argumento de la influencia catalanista.

La segunda cartera que gestionará Vox es Justicia e Interior y su nueva titular es ya conocida en el Consell. Elisa Núñez, doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, fue asesora en la Conselleria de Cooperación que dirigió Rafael Blasco, condenado por corrupción por primera vez en 2014. Núñez trabajó entre los años 2008 y 2011 como asesora del secretario autonómico de la conselleria que dirigía Blasco, un expolítico socialista que se pasó al PP con Eduardo Zaplana y acabó condenado por corrupción. En aquel momento el departamento recibía el nombre de Inmigración y la letrada ejerció en el ámbito de la integración de Personas Inmigrantes y Extranjeras, así como en el diálogo interreligioso; participando en la elaboración de diversas leyes, planes y programas autonómicos en esta materia, según consta en su curriculum académico.

Estuvo a las órdenes de Josep María Felip, secretario autonómico de Inmigración, condenado en el mismo caso que Blasco, quién también colaboró con la actual consellera en su etapa investigadora, como figura en el repositorio académico. Actualmente es profesora en la Universidad Católica de Valencia y abogada en el turno de oficio en materia matrimonial y penal, además de letrada acreditada ante el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Valencia. En el reparto de competencias ratificado en el decreto no figura ninguna mención a la violencia de género en esta cartera.

La tercera posición de poder de Vox es la de Agricultura, que no tendrá competencias en medio ambiente ni en agua. Desde este miércoles, el departamento lo gestiona José Luis Aguirre, ingeniero técnico agrícola y diputado en la pasada legislatura. Ha sido vicepresidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, delegado de la Orden de Malta en Valencia, donde trabajó con el arzobispo Carlos Osoro, y ha sido director-gerente de la Gran Asociación de Beneficencia, que gestiona la escuela concertada del mismo nombre. Aguirre pertenece al círculo de amistades de Barrera, con quién comparte el mismo sector de negocios. Ha sido durante décadas presidente del Consejo de Administración de Atitlan, una empresa familiar dedicada al sector citrícola y a la compraventa de fincas agrícolas y urbanas, responabilidad de la que cesó el pasado febrero. Aguirre tuvo un papel relevante como oposición a las políticas del sector primario del Gobierno del Pacto del Botánico y asegura que defender al sector será su prioridad esta legislatura.

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