El PP renuncia a la quita de la deuda de la Comunitat Valenciana que reclaman la izquierda, los empresarios y los sindicatos

El PP que preside Carlos Mazón renuncia a exigir al Gobierno central la quita de la deuda de la Comunitat Valenciana. El grupo popular, que se comprometió a tramitar con Compromís una ley de “trato justo” para la financiación de la autonomía, enmienda completamente el texto y lo reduce a una compensación anual, el llamado fondo de nivelación. El acuerdo entre Carlos Mazón y Joan Baldoví implicaba llevar al Congreso una ley que terminara con los agravios a la Comunitat Valenciana, que debe aprobarse primero en el Parlamento valenciano.

Los populares, que apoyaron la tramitación de la proposición de ley en su primer debate, cambian de opinión tras la reunión de los barones convocados por Alberto Núñez Feijóo. Mazón suscribió un acuerdo en el que se reclamaba un fondo de nivelación para todas las comunidades autónomas, sin reconocimiento expreso de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. Ahora ese documento se plasma en el texto de las Corts Valencianes, que este jueves concluía su periodo de enmiendas. El PP valenciano renuncia a la condonación de la deuda histórica, al trato singular y hasta cambian el nombre del proyecto legislativo, en una posición radicalmente contraria a la que defienden la patronal y los sindicatos.

En los últimos días destacados dirigentes empresariales se han mostrado favorables a que los partidos ejerzan presión para obtener una mejor financiación para la Comunitat Valenciana. El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, invitó a Compromís a pelear por la condonación de la deuda y lograr una financiación singular que compense años de agravios. El representante del lobby empresarial AVE, Vicente Boluda, también se manifestó a favor de negociar estas cuestiones. Según los expertos, el 70% de la deuda es consecuencia de la infrafinanciación.

La patronal comparte la posición de la plataforma Per un Finançament Just y recalca que no solo es importante el fondo de nivelación que ha pactado reclamar el PP, sino que el Estado debe afrontar la deuda. Patronal y sindicatos han urgido a convocar la plataforma para aunar posiciones y presionar en Madrid para obtener un buen trato.

La ley de Compromís establece que el Gobierno impulsará “de forma inmediata” la reforma del sistema de financiación. Si no se aprueba en el plazo de seis meses, el Estado se compromete a aumentar el nivel de recursos para todas las comunidades autónomas, infrafinanciadas en su conjunto, con 11.400 millones de euros para el fondo de garantía, que comparten todas las comunidades. La propuesta recoge singularidades valencianas como la “regularización” de la deuda ligada a la infrafinanciación.

Los valencianistas critican duramente el cambio de rumbo del PP. “El PP y Mazón han confirmado que renuncian a defender los intereses valencianos, rompiendo un consenso de toda la sociedad civil valenciana. Hoy Mazón confirma que pone por delante los intereses de su partido a los intereses de los valencianos, que renuncia a un modelo de financiación justa y a que nos paguen los más de 40.000 millones de euros que nos debe el Estado”, ha censurado su portavoz, Joan Baldoví.

Los socialistas no han presentado enmiendas porque confían en que el modelo de financiación se cambiará en breve, atendiendo al compromiso de Pedro Sánchez. Ahora se ha abierto el debate, subrayan desde el PSPV. El portavoz adjunto de los socialistas, Toni Gaspar, ha recalcado que la propuesta de Pedro Sánchez abre “una ventana histórica porque muchas de las reivindicaciones valencianas van a dilucidarse en ese nuevo modelo”, de forma que Mazón “donde tiene que estar es ahí, para que la próxima norma que salga defienda los intereses de los valencianos y acabe con nuestra infrafinanciación”.

Vox, por su parte, y como es habitual, ha presentado un texto que aboga por suprimir el Estado autonómico, que consideran “ruinoso y genera desigualdad”. Reclaman que se suprima el fondo de garantía y que el Ministerio de Hacienda tome el control de los presupuestos autonómicos. En la práctica, supondría que la ministra del PSOE gestionara las comunidades donde hasta hace dos meses la ultraderecha gobernaba con la derecha. El texto dice: “El Ministerio de Hacienda se verá facultado para la intervención de la autonomía financiera de la comunidad autónoma. Concretamente se verá facultado para la elaboración de los nuevos presupuestos de la comunidad autónoma y/o poder vetar para su debate y aprobación cualquier proyecto de presupuestos que incurra en las deficiencias marcadas por el informe resultante del apartado anterior”. Siguiendo su línea, aquella Montero que tanto detestan haría no uno, sino una veintena de presupuestos.