PP y Vox cuestionan la legitimidad del informe de Naciones Unidas sobre su ley de concordia y la presidenta de las Corts no lo transmitirá a los grupos

El argumento ad hominem es uno de los más comunes en el debate público. Implica refutar una afirmación por quien la realiza en lugar de analizar su contenido; así, se extiende la forma al fondo. El PP valenciano y sus socios de Gobierno, Vox, han desempolvado el manual de falacias para defenderse de las duras críticas contra su proposición de ley de “concordia”, que tiene en contra a los grupos de la izquierda, al Gobierno central, a las asociaciones de memoria, y a los departamentos de Historia Contemporánea de tres universidades públicas. También un informe de Naciones Unidas elaborado por tres relatores, que alerta de los riesgos de la proposición de ley.

El grupo conservador y la ultraderecha rechazan de plano este informe. También lo rechaza la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox), que se ha negado a transmitírselo a los grupos parlamentarios. Uno, aduciendo que son “supuestos relatores” que “ya tendrán que explicar la legitimidad que tiene ese informe y los relatores para hablar en nombre de la ONU”, insistiendo en que “no es un informe de Naciones Unidas”. Dos, porque considera que el Ministerio de Memoria Democrática comete una “injerencia” al pedirle que traslade el documento.

La Presidencia ha recibido una misiva del departamento que dirige Ángel Víctor Torres en la que le hace llegar el texto, que se hizo público el pasado viernes, y le recuerda que toda norma “está sujeta al cumplimiento del derecho internacional”. Massó, que ha comunicado la recepción este martes, ha asegurado que no enviará el texto y considera que es una “injerencia” y un “chantaje” del Gobierno central. “Es inaudito que un ministró chantajee a la presidencia del legislativo autonómico insinuando que se está incumpliendo el derecho internacional”, ha aseverado, denunciando que el Gobierno hace “un uso partidista” de las administraciones y “vulnera la separación de poderes”. Si el ministro, Ángel Víctor Torres, quiere que los grupos lo tengan, “que lo presente en el registro” de la Cámara, le ha instado.

El portavoz del grupo parlamentario Vox, José María Llanos, ha ido más allá, cuestionando la capacidad de Naciones Unidas para abordar este proyecto legislativo. Considera que es “una injerencia en la soberanía” del Parlamento, un “informe prefabricado”, que “antes de acabar la novela ya saben quién es el malo” y ha cuestionado a los relatores por su nacionalidad. Según ha dicho “el presidente de esa comisión” procede de Arabia Saudí, “un país que no respeta los derechos humanos” y sería como darle “a un asesino la capacidad de redactar el delito de asesinato”, en una comparación que ha matizado como puramente retórica. Además, ha insistido, los relatores “no tienen competencias” para abordar esta cuestión.

Por su parte, el portavoz popular, Miguel Barrachina, ha defendido que es una “ley magnífica”, aunque ha reconocido que puede ser “mejorable” y se abre a “aceptar” aquellas enmiendas “que tengan razón”. Sobre el informe, insiste en que yerra al mencionar a la Comunitat Valenciana, se refiere al presidente del Gobierno como “su Excelencia”, y dice que “podría” suponer vulneraciones, en condicional. Al tiempo, defiende que bajo el Gobierno de Carlos Mazón se siguen realizando exhumaciones -omitiendo que estaban previstas en el anterior Ejecutivo-. “Es falso que vayamos a blanquear nada”, ha insistido. Ninguno de los portavoces ha abordado las críticas directas al contenido de la norma. El PP insiste en que los relatores “juzgan las intenciones” de la ley de concordia cuando “debería ser un análisis serio” y “si fueran españoles y conocieran el desprecio constante de Bildu no les parecería incongruente” el texto presentado, que equipara a víctimas del terrorismo con los represaliados por el franquismo.

El informe que tanto irrita a la ultraderecha y al PP advierte que las normas de “concordia” pueden “invisibilizar” las “graves violaciones de los derechos humanos” cometidas durante el “régimen dictatorial franquista”, al que las normas no hacen referencia. Y añade: “El proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándoles el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”. El texto comparte argumento con los expertos en memoria democrática, que puede resumirse en una máxima: lo que no se nombra no existe.