El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha revelado este miércoles que su equipo ha pedido un “informe legal” ante los posibles escenarios que se deriven de la situación de los nueve ediles del grupo municipal popular investigados en el caso Imelsa por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Ribó ha realizado estas declaraciones tras guardar un minuto de silencio a las puertas del consistorio, junto a otros miembros de la corporación municipal, al ser preguntado por los ediles populares, a quienes la dirección del PPCV ha anunciado una carta en la que les da diez días hábiles para entregar el acta de concejal, mientras el Comité Nacional del Derechos y Garantías les ha abierto expediente informativo.
El primer edil ha señalado que intención es “actuar de forma conjunta” con todos los grupos municipales exceptuando el PP, y en ese sentido, ha informado de que ha estado hablando con el portavoz del grupo de Ciudadanos, Fernando Giner: “Hemos mantenido una conversación y seguramente mantendremos más en el futuro para llevar a cabo una actuación consensuada”, ha augurado.
Ribó ha vuelto a distinguir entre la situación de los asesores del Grupo Popular y los concejales de esta formación. Los primeros “dependen de la alcaldía y en el momento en que tengamos comunicación oficial del Grupo Popular pidiendo su baja, como ha ocurrido con uno de ellos, o sepamos por el juez que continúan siendo investigados, procederemos a hacer lo que hemos hecho con los anteriores: suspenderles de empleo y sueldo”.
En el los concejales “es un caso totalmente distinto”, ha dicho y ha dejado claro que “ni yo ni mi equipo de Gobierno queremos ser el brazo ejecutor de la justicia, porque la decisión es una potestad del Partido Popular y suya propia como concejales”.
Ribó ha garantizado que actuarán para que el Ayuntamiento de València sea “una institución saneada de corrupción” pero ha insistido en que este “es un problema del PP y de la justicia”.
“No hay intención de castigar ni ensañarse”
Ha asegurado “no hay ninguna intención ni de castigar ni de ensañarse con nadie, aunque el Ayuntamiento le ha pedido de forma reiterada al PP, y se lo volvemos a reiterar otra vez, que dejen sus cargos” tras las “evidencias” hechas públicas a través de las grabaciones que sostienen el sumario “pero son los concejales del PP quienes han de tomar la decisión. Es al PP al que le corresponde actuar”.
“Ni el alcalde ni el equipo de Gobierno son los brazos ejecutores de la justicia porque no nos corresponde. Haremos lo que diga la ley, nos atendremos a la normativa reglamentaria. Son personas que han sido votadas, elegidas por los ciudadanos, y por lo tanto tienen unos derechos que vamos a respetar escrupulosamente”, ha manifestado.
Por su parte, Fernando Giner, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, se ha mostrado totalmente dispuesto a colaborar “para que no haya ningún resto de corrupción en el Ayuntamiento” y ha manifestado que “si a mí o a algún concejal de mi grupo nos pasara lo mismo ya no estaríamos en el Ayuntamiento”, ha concluido.