Cuatro horas de encierro en la Delegación del Gobierno de Valencia para reclamar la derogación de la 'Ley mordaza': “El feminismo anticapitalista sí está en la calle”

Una veintena de integrantes de la Asamblea Feminista de València ha permanecido cuatro horas encerrada en la Delegación del Gobierno en la capital valenciana para exigir la derogación de la Ley Mordaza y la revisión de sus sanciones amparadas en esa norma. Las feministas valencianas acumulan una veintena de sanciones por las protestas del 8 de marzo de 2018, 2019 y otras acciones reivindicativas, a las que el pasado enero se sumaron tres nuevas sanciones amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana.

El movimiento feminista valenciano ha venido denunciando represión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, materializada, según expresan, en esas multas. La misma acción se realizó en 2019 y se reivindica un compromiso firme de la Delegada del Gobierno, Gloria Calero, con la revisión de las multas que ascienden a 11.000 euros, cuantía que se eleva con las costas del juicio. Las dos primeras condenas rozan los mil euros entre ambas.

El colectivo exige el reconocimiento de los derechos de las mujeres migrantes, mujeres que han sido “esenciales” durante la pandemia porque son quienes ejercen los trabajos de cuidados.

El encierro ha terminado tras varios encuentros con la delegada del Gobierno, Gloria Calero, que manifiesta su compromiso con la derogación de la ley, un compromiso que la Asamblea no se cree porque “pasa por dejar de aplicarla”. Tras la acción, la Asamblea indica que “el movimiento feminista no se para” y advierte a Calero: “El feminismo anticapitalista sí está en las calles”.

Las feministas han asegurado que no se moverían del claustro de Delegación, el el Palau del Temple de València, hasta que obtengan un compromiso firme. Delegación de Gobierno ha cerrado el edificio por razones de seguridad.

“Ocupamos la Delegación de Gobierno y pedimos la derogación de la Ley Mordaza en su totalidad, no la modificación; el archivo de todos los procedimientos administrativos en curso relativos al movimiento feminista; el reconocimiento público donde conste que las personas más afectadas por la Ley Mordaza han sido las esenciales, en mayor medida mujeres migrantes, y el reconocimiento de las cargas y abusos policiales a las movilizaciones por la libertad de expresión”.