Las tretas de Zaplana para dificultar su causa por corrupción: de pedir la anulación a que aparten a la jueza que recuperó el botín
El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana está usando todos los recursos legales a su alcance para dificultar su juicio en el caso de corrupción Erial. Si en un primer momento intentó que se anulara la investigación, ahora prefiere que la investigación la continúe la Audiencia Nacional y no la jueza de instrucción de València, que ha sido la que le ha requisado ya más de seis millones de euros y quien lo mantuvo meses en prisión provisional para evitar la destrucción de pruebas.
El también exministro de Trabajo con el PP está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 8 de València en el caso Erial por presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano. En la causa está imputado el expresidente por presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación. Pero la defensa de Zaplana está empleando las tretas legales necesarias para intentar acabar con el proceso o que sea la Audiencia Nacional la que siga con el procedimiento.
En marzo de 2019 los abogados de Eduardo Zaplana pidieron la nulidad de las actuaciones realizadas en el caso Erial, que supuso su detención y permanencia en prisión durante algo más de 8 meses. La defensa alegaba que el hallazgo de los documentos que le imputan fue “casual”, archivos con los que la Guardia Civil reconstruyó la hoja de ruta para el cobro de presuntas comisiones en el extranjero de los pelotazos que dio la familia Cotino. Finalmente la Audiencia de Valencia rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa.
Posteriormente también intentó anular la confesión del uruguayo Fernando Washington Belhot, quien explicó dónde ocultaba Eduardo Zaplana una fortuna de 11 millones de euros, cómo accedía al dinero y cómo lo blanqueaba, será plenamente válida. No obstante el magistrado de la sección quinta de la Audiencia Provincial de València, José Antonio Mora, tumbó el intento de invalidar dicha declaración considerada clave asegurando que los acusados “carecen de legitimidad” para pedir dicha anulación.
El último recurso de apelación presentado ha sido contra la decisión del pasado 17 de junio de la instructora, que rechazó el traslado de la investigación a Madrid, y aseguraba, sobre la exculpación de Zaplana, que los indicios en su contra “perduran y se acrecientan con la instrucción”.
La defensa del exministro formuló la petición bajo el argumento de que los presuntos delitos por los que se investiga a Zaplana se cometieron en el extranjero, fuera del partido judicial de València, por lo que el juzgado instructor habría perdido la competencia porque la supuesta actividad ilícita se habría registrado en el extranjero, más concretamente en Luxemburgo, Suiza o Andorra, lugares en los que se produjeron pagos y sobornos.
No obstante, la jueza rechazó la petición al sostener que toda la acción delictiva se inició en la Comunitat Valenciana, así como las presuntas adjudicaciones ilegales que supusieron el cobro de determinadas cantidades dinerarias por los investigados. Además, las sociedades adjudicatarias estaban domiciliadas en Valencia y en Villarreal. También la sociedad Imision S.L. e Inversiones Impega S.L. fueron creadas en la ciudad.
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