El PP autorizó al ahora candidato de Vox en València cobrar 5.000 euros más de lo previsto por ley como rector de la VIU

La gestión de la candidata del PP a la alcaldía de València, María José Catalá, al frente de la Fundación de la Universidad Internacional de València (FVIU) como consellera de Educación del expresidente Alberto Fabra, genera cada vez más dudas a medida que se bucea en la diferente documentación emitida por los organismos oficiales de control encargados de fiscalizar su funcionamiento dentro de los parámetros legales.

Como informó elDiario.es, el 'Informe de estimación técnica del valor razonable' de la Universidad Internacional de València (VIU) encargado a dedo a Janus Antebo Asesores SL por Catalá, para poner precio a su venta en el año 2013, afloraba diversas irregularidades en la gestión de la entidad que además tuvieron relevancia a la hora de tasarla.

Tanto este informe como otro posterior que realizó la misma consultora evidencian que tan solo 27 días después de que la mesa de contratación aceptara la oferta del grupo Planeta valorada en 4 millones, su valor se disparó tras aprobar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) nuevas titulaciones.

En uno de sus apartados, este documento revela “la superación de cuantías fijadas en ley para la retribución de determinados altos cargos”, sin que profundizara más en la cuestión.

Sin embargo, nueva documentación recabada por esta redacción arroja más luz al asunto. En concreto, un informe de auditoría de la Intervención de la Generalitat Valenciana relativo al ejercicio de 2012 afirma que “la retribución del director general excede el límite establecido en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para los altos cargos de la administración de la Generalidad. No obstante con fecha 12 de abril de 2012 se acuerda por parte del Consell autorizar, excepcionalmente, al director general de la fundación y rector de la Universidad Internacional Valenciana, la percepción de unas retribuciones superiores (57.599,76 euros anuales)”. “Por nuestra parte”, añade, “se ha comprobado que el sueldo establecido es ligeramente superior a este importe (62.247,22 euros)”.

El cargo de director general y rector lo ejercía entonces Juan Manuel Badenas, recientemente nombrado candidato a la alcaldía de València por Vox. Badenas tomó posesión del cargo como rector el 13 de julio de 2011 a propuesta del entonces conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y lo ejerció hasta la venta de la VIU al grupo Planeta a finales de 2013.

Preguntada Catalá en su momento sobre este asunto, afirmó que no fue ella quien fijó las retribuciones de la VIU y achacó los reproches del resto de partidos en la “campaña electoral”, mientras los portavoces de Vox en las Corts rechazaron que Badenas tuviera que dar explicaciones al no apreciar irregularidades.

Como informó este diario, exjefes de prensa con los consellers Rafael Blasco y José Císcar, una concejala y una responsable de una fundación que impulsó Francisco Camps fueron contratados por la Universitat Internacional de Valencia.

Fraccionamiento de contratos

El mismo informe de la Intervención aflora también un presunto caso de fraccionamiento de contratos en el seno de la Fundación: “Existen varios proveedores cuyo importe de suministros o servicios contratados con un mismo proveedor a lo largo del ejercicio supera el límite de los contratos menores, habiéndose tramitado de forma independiente, como contratos menores, gastos que podrían formar parte de una misma unidad operativa o funcional. Debería haberse seguido un procedimiento abierto o negociado, ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia”. Según el informe, se trata de contratos con Europatravel por valor de 26.821,23 euros y con Tecel Estudios S.L. por valor de 29.500 euros.

La operación de privatización implicó el traspaso de activos desde la Fundación VIU por valor de 5,7 millones para crear una sociedad limitada y la posterior venta de un 70% de las participaciones por cuatro millones de euros al grupo Planeta. La institución había supuesto hasta ese momento un coste de 34 millones de euros para las arcas públicas y en el año de venta, 2013, dio 752.00 euros de beneficio. En la actualidad, Catalá trabaja como profesora asociada de la VIU sin que hasta ahora haya querido especificar sus emolumentos.