Los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2024, los primeros que diseña la alianza de PP y Vox, han hecho del gasto público racional su bandera. Desde la entrada del Ejecutivo autonómico de PP y Vox que preside Carlos Mazón sus dirigentes han abogado por una reducción del gasto que consideran innecesario, entre el que incorporan los asesores, los secretarios autonómicos y los directores generales, con un recorte de conselleries, secretarios autonómicos, directores generales y asesores. El líder del PP decidió contar con dos consellerias menos y los consiguientes altos cargos que el anterior ejecutivo y reducir a la mitad los asesores, anunciando esta medida como un ahorro de tres millones de euros en gasto superfluo.
El Consell reduce la presencia de altos cargos, pero estos verán notablemente mejoradas sus condiciones salariales. El proyecto de ley de Presupuestos, que el Ejecutivo aprobó el lunes, da pie a que quienes vienen de la función pública o del sector docente obtengan beneficios complementarios a su salario establecido. El articulado de la ley de Presupuestos establece que en 2024 las retribuciones “no experimentarán incremento respecto a las vigentes”, pero la subida salarial viene en la letra pequeña.
Como adelantó Valencia Plaza, el proyecto de ley contiene un artículo que permite incrementar el salario de los altos cargos si estos son funcionarios, impidiendo que pierdan retribuciones si pasan al segundo escalón del Consell. El punto 3 en el título tercero establece que los altos cargos que sean funcionarios pueden optar a la retribución equivalente a su trabajo en la administración de procedencia. En concreto, establece que “las retribuciones, excluyendo los trienios, de los altos cargos que reúnan la condición de personal funcionario será, a su elección, las establecidas en la Ley de presupuestos para los altos cargos de la Generalitat o las equivalentes a las retribuciones que le correspondan en el puesto de trabajo que esté ejerciendo en su administración de procedencia, determinadas en la relación de puestos de trabajo o norma que las regulo, excluyendo igualmente los trienios”. Esta norma excluye a los subsecretarios, que necesariamente tienen que ser funcionarios para ser nombrados.
El artículo apunta que el “importe que será certificado por la administración de origen con detalle de las retribuciones que efectivamente le corresponderían al puesto de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser superiores, en su conjunto y cómputo anual, a las establecidas en la Ley de presupuestos para el presidente de la Generalitat, incrementadas en un 15 por ciento”. Es decir: que los altos cargos, que actualmente cobran cerca de 66.000 euros, podrán ver su salario incrementado hasta los 90.000 euros, si cobraban esa cifra en su puesto de la administración. Los altos cargos que son funcionarios siguen percibiendo sus trienios, al margen del salario base que establece la Generalitat Valenciana, y los complementos por desplazamiento o residencia.
Pese a que la mitad de los consellers procede del sector privado, la medida puede afectar a una parte importante de los miembros de distintos escalones del Ejecutivo autonómico. Recurrir a los funcionarios de carrera es algo habitual en los gobiernos de distinto signo político, aunque la cuestión salarial siempre ha dificultado el trasvase. Por ejemplo, en la Conselleria de Hacienda, buena parte de la plantilla procede de la administración del Estado, como la propia consellera, que es técnico de Hacienda. También es habitual en Educación, donde muchos cargos proceden de la docencia o en Sanidad, que suele incorporar a médicos a la gestión.
La ley de acompañamiento a los Presupuestos también prevé otro complemento salarial para los altos cargos que compaginen política y docencia a través de una modificación de la ley de incompatibilidades. La reforma, introducida a petición de Presidencia de la Generalitat, establece que sea compatible el ejercicio del cargo con la docencia universitaria, la docencia en centros de selección y perfeccionamiento de empleados públicos, así como con la preparación para el acceso a la función pública “siempre que no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones, ni comprometa la imparcialidad y la independencia en su ejercicio, ni perjudique el interés público”. Se permitirá la docencia en centros públicos y privados en régimen de dedicación a tiempo parcial remunerada, con una retribución que no podrá exceder un 30% del salario del alto cargo, que es de unos 66.000 euros para secretarios autonómicos y directores generales.