Francisco Huguet, exalcalde de la localidad valenciana de Quartell entre 1987 y 2015 además de diputado provincial del PP, y su número dos, Emilio Máñez, se dedicaron durante años a cobrar presuntas comisiones de una de las empresas del denominado 'cártel del fuego' a cambio mediar en la obtención de proyectos urbanísticos. Ambos expolíticos populares, con la ayuda de sus respectivas esposas, blanquearon luego las dádivas mediante inversiones inmobiliarias y otras operaciones, según concluye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt, que los ha procesado, junto con Jesús Garrido Martínez (histórico asesor de Rafael Blasco, el conseller del PP condenado por el desvío de los fondos públicos de la cooperación valenciana).
El juez imputa al exalcalde y a su número dos los presunto delitos de prevaricación urbanística en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa, además de los delitos continuados de cohecho pasivo propio, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. A las esposas de Huguet y Máñez, además de a los dos hijos de éste último, les imputa un presunto delito de blanqueo de capitales.
Ambos expolíticos del PP cuentan con antecedentes penales, aunque no computables a efectos de reincidencia, al haber sido condenados a dos años y medio de cárcel como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos en una contratación falsa en una empresa pública de la Diputación de Valencia, una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo.
Mientras que al ex asesor de Rafael Blasco le imputa los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Por su parte, a Vicente Huerta, dueño de la empresa Avialsa (epicentro del 'cártel del fuego') le imputa los presuntos delitos de cohecho activo y de falsedad en documento mercantil, al igual que al otro empresario procesado, Miguel Ángel Sanjosé.
Se trata de una causa que nace de la investigación instruida en la Audiencia Nacional por la que ha sido también enviado al banquillo el exconseller popular Serafín Castellano. Las pesquisas han detectado que el exalcalde y el exconcejal de Quartell Emilio Máñez recibieron dádivas por parte del empresario en relación a la aprobación de proyectos urbanísticos. Huguet se embolsó 287.694 euros y “procedió posteriormente a introducir en el mercado económico financiero” las mordidas “mediante la adquisición de bienes inmuebles” junto con su esposa, María del Carmen Peiró.
Emilio Máñez disparó las comisiones hasta los 812.384 euros, también presuntamente blanqueadas junto con su mujer, María Julve, y sus dos hijos. Por su parte, Jesús Garrido, ex asesor de Rafael Blasco en diversos departamentos de la Generalitat Valenciana durante la época del PP, se embolsó 286.200 euros, con los que adquirió una vivienda en 2008 a una empresa vinculada al 'cártel del fuego', una compra que tuvo la finalidad de “facilitar” la aprobación de un proyecto urbanístico “dada su condición de personal de confianza de la Generalitat Valenciana”, según apunta el juez en el auto.
Gracias a la intermediación de Jesús Garrido, una empresa “constituida al efecto” por el asesor de Blasco percibió del Grupo Avialsa de un total de 400.000 euros. Su actuación “iba dirigida a poder obtener la consecución definitiva” de un proyecto urbanístico para una de las mercantiles de la trama, si bien nunca llegó a aprobarse. Al juez le “llama poderosamente la atención” que la vivienda comprada por Garrido con las supuestas mordidas estaba situada en la misma calle de una zona playera de Sagunt en la que también adquirió un bien inmueble Francisco Huguet.
Reparto “ecuánime” de las mordidas
El instructor ve indicios racionales de criminalidad de que las dádivas —“entroncadas con el ámbito de la corrupción y consiguiente blanqueo”— no tienen origen lícito. En el caso de Huguet y Máñez y sus respectivas esposas, el auto acredita que “de manera ficticia” crearon una comunidad de bienes con la única finalidad de percibir las mordidas procedentes de la empresa Prodaemi, adjudicataria de las actuaciones urbanísticas en Quartell. Los expolíticos del PP usaron a sus cónyuges para “posteriormente blanquear el dinero recibido”. De hecho, agrega el magistrado, el único proveedor de la comunidad de bienes era precisamente Prodaemi.
Las pesquisas han analizado en detalle las cuentas bancarias de la trama. Así, el juez concluye que la comunidad de bienes de ambos matrimonios sirvió para ingresar importantes sumas de dinero y “a la postre repartirse de manera ecuánime” las mordidas para luego adquirir bienes inmuebles “y con ello introducir en el mercado económico financiero con apariencia de legalidad el dinero proveniente de Prodaemi, a quien no se le había prestado servicio alguno para ello”.
De las cuentas analizadas se desprende que el exalcalde popular y su esposa procedieron “de manera frenética” a efectuar suscripciones de fondos de inversión. Con una Visa Oro abonaban gastos como recibos por servicios telefónicos y efectuaban reintegros “en su mayor parte en cajeros automáticos”. Huguet y su esposa también gastaron un total de 97.429 euros en compras en grandes almacenes, pertenencia a asociaciones y peñas lúdicas, energía eléctrica y planes de pensiones, entre otros conceptos.
La hija del exalcalde era titular de un Jaguar y de otros dos vehículos. La adquisición del lujoso automóvil fue realizada “sin que conste la procedencia justificada de negocio jurídico alguno que amparare dicho desembolso de dinero”, señala el auto.
180.000 euros de Lotería sin ser agraciados
En 2006 una de las cuentas que Máñez compartía con su mujer reflejó el ingreso de 180.000 euros con el concepto “Lotería Nacional”. Sin embargo, ni la entidad bancaria ni Loterías y Apuestas del Estado tienen constancia documental de que el matrimonio fuera agraciado con un premio. Sólo en 2012, Máñez efectuó 28 ingresos en metálico por valor de 100.000 euros, “todos ellos redondos”, según el minucioso análisis de sus cuentas. La trama también abonó un vehículo Chrisler Wrangler cuyo usuario era Emilio Máñez, según los datos de la Dirección General de Tráfico.
La Agencia Tributaria tampoco tiene constancia del origen lícito del dinero con el que el matrimonio adquirió varios bienes inmuebles. Si bien la instrucción de la causa ha podido acreditar que “de manera reiterada se ha hecho uso de los números de cuenta con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero, con un trasiego llamativo en cuanto a los movimientos y/u operaciones contables”.
“Se tienen indicios racionales de criminalidad de que gran parte de dicho dinero provenía de actos de corrupción”, concluye el juez instructor.