El grupo parlamentario socialista en Les Corts ha presentado una proposición para la creación de una comisión de investigación, a ser posible en el plazo de un mes, con respecto a las adjudicaciones a residencias de la tercera edad que se llevaron a cabo durante los años de gestión del PP. De hecho, no es la primera vez que el PSPV-PSOE intenta poner en marcha esta comisión sobre el denominado ‘modelo Cotino’, que en la anterior legislatura fue rechazada por los votos en contra del PP.
La consellera de Bienestar Social,Mónica Oltra, también quiere acabar con este sistema, que según fuentes del sector ha beneficiado a la familia del fáctotum del PP y a otros gigantes del sector ccon buenas conexiones políticas.
Ahora, tal como ha señalado la diputada socialista y portavoz de Bienestar Social, Concha Andrés, la intención es aclarar las adjudicaciones que se llevaron a cabo desde la consellería de Bienestar Social de plazas de residencia de accesibilidad. En concreto, se trataba de 50 residencias “veinte de las cuales estaban relacionadas con la familia Cotino y con el empresario Ortiz”, ha apuntado, al tiempo que ha recordado que “eso nace de un concurso que se pone en marcha desde la conselleria de Bienestar Social durante la etapa de Rafael Blasco y en el que se barajaba la posibilidad de adjudicar hasta 6.000 plazas de residencias y que se adjudicaron en su mayor parte a empresas relacionadas con la construcción, no a empresas que ya estaban años trabajando en el sector de la tercera edad”.
La diputada, en un comunicado, ha recordado que “desde el PSPV-PSOE se han solicitado de forma reiterada explicaciones respecto al procedimiento seguido para estas actuaciones, sobre todo porque se daban unas condiciones extraordinarias, de privilegio”. En este sentido, ha apuntado que un 33% de estas plazas debían destinarse a estas residencias, bajo el epígrafe de accesibilidad. Además, ha subrayado que “lo extraño de este asunto es que siendo Cotino conseller se modificaron las condiciones, lo que supuso que la preferencia de cobertura de estas plazas se pasa al 100% y se incrementó la duración del contrato a 25 años”.
Andrés ha hecho hincapié en que “mientras esto sucedía había residencias públicas que se estaban cerrando, como sucedió en Benetússer, en Alicante o Benicassim”, al tiempo que ha remarcado que “estas residencias tenían un coste-plaza superior a otras, que eran públicas o gestionadas por otro tipo de entidades sin ánimo de lucro”.
Por todo ello, ha insistido en que “consideramos que esta situación es gravemente irregular” y ha añadido un tercer factor “porque por una parte estaba la preferencia en la concertación de las plazas, por otra el precio más caro, y en tercer lugar también tenían preferencia de pago, puesto que la Generalitat pagaba antes a estas residencias, lo que supone otro privilegio añadido”. De hecho, según calculan desde el PSPV-PSOE cada una de estas residencias cobraba 58 euros por plaza, los 365 días del año. Así, y dado que se adjudicaron alrededor de 1.600 plazas, que se tenga constancia, estarían cobrando unos 33 millones de euros anuales.
Finalmente, la portavoz socialista ha asegurado que “ha llegado el momento, con un gobierno progresista y unas Cortes que lo apoyan de forma mayoritaria, de aclarar todas estas dudas y de que se exijan responsabilidades para que los ciudadanos conozcan qué ha estado pasando con el dinero público”.