El Puerto de València prevé adjudicar la ampliación norte sin un nuevo informe ambiental antes de final de año
Las prisas de la Autoridad Portuaria de València (APV) para adjudicar las obras de la ampliación norte sin una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sustituya a la de 2007 y que tenga en cuenta los cambios que se han acometido en el proyecto, tienen una motivación principalmente económica.
Así lo reconoce la propia APV en el escrito de alegaciones que presentó el pasado mes de septiembre al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, en el que el organismo pone de relieve que las inversiones directas previstas en el plan de Valenciaport superarán los 800 millones de euros en los próximos años entre la nueva terminal de contendores y el acceso norte cuando el año 2019 será “el primer ejercicio en el que la variación del capital circulante presentará un saldo negativo”.
Al respecto, la dirección del Puerto de Valencia alega que “una gestión responsable de las ínfraestructuras ya ejecutadas en obras de abrigo, obliga a la puesta en marcha y explotación del dominio público portuario afecto, ya que actualmente se están absorbiendo gastos por amortizaciones y mantenimiento de las obras de abrigo de la dársena, que no van acompañados en la proporción debida del aumento de actividad e ingresos que generaría su completa puesta en explotación tras la construccíón de los muelles”.
Además, añade que “en 2019 el tráfico portuario de contendores alcanza ya el 83% de la capacidad del puerto para este tipo de tráfico, por lo que se considera el momento más adecuado para afrontar la ampliación de la capacidad mediante la construcción de los muelles y rellenos para la nueva termínal, al abrigo de los diques ejecutados previamente”.
En este sentido, incluso prevé que “la resolución del concurso, y la posible adjudicacíón de la concesión a un operador privado, está previsto que se concrete antes de final de año”, lo que implicaría que no se haría una nueva DIA, cuya tramitación se prolongaría varios meses.
Por otra parte, llama la atención que el Tribunal de Cuentas, en su resolución, pone de relieve la inversión prevista para el acceso norte e incluso los plazos previstos, cuando ni siquiera existen aún informes ambientales, proyectos, ni mucho menos permisos por parte de los ayuntamientos implicados, como podrían ser el de València, que ya se ha opuesto a la ampliación sin una nueva DIA, o el de Alboraia.
De hecho, ni siquiera está clara si la opción del túnel sería exclusivamente para vehículos pesados, para ferrocarril o de uso mixto. Recientemente se encargó a una entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento un estudio de viabilidad de la opción del túnel ferroviario, descartada inicialmente por la APV.
Con todo, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que según el plan de empresa de 2019 del Puerto, “a partir de 2023 se ejecutarán las obras correspondientes al Acceso Norte del Puerto de Valencia, la principal actuación en materia de accesibilidad viaria proyectada por la APV, con una inversión de 400 millones de euros, en cuya financiación se espera participe el Ministerio de Fomento con una contribución del 50%”.
Un aspecto que la propia APV justifica en su escrito de alegaciones, en el que asegura que “las obras para la nueva terminal de contenedores albergarán una concesión por 50 años, y el nuevo acceso norte es imprescindible ya que el puerro dispone actualmente de una única vía de acceso. Asimismo, este acceso, supondrá en una mejora de la movilidad de toda el área metropolítana - actual congestíón del by-pass y de la V-30 - permitiendo una importante reducción de las emísiones a la atmósfera del tráfico pesado”.
Aprobación de las comisiones este lunes
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) arpueba este lunes 18 de noviembre la creación de las comisiones delegadas para debatir diferentes aspectos relaciones con el polémico proyecto de ampliación del Puerto y su integración en la ciudad.
Los grupos de debate estarán formados por agentes sociales y económicos del Puerto, por asociaciones sociales, vecinales y ecologistas y una vez finalicen emitirán un documento de conclusiones.
La primera mesa tendrá lugar el próximo 20 de noviembre y abordará las problemáticas y oportunidades de la ampliación del Puerto; la segunda se desarrollará el 11 de diembre y estudiará las posibles mejoras de la transición entre el recinto portuario; la tercera se celebrará el 15 de enero y en ella se debatirán las compatibilidades entre el progreso económico y el respeto medioambiental; una cuarta tendrá lugar el 5 de febrero y abordará los modelos de gobernanza entre el puerto y la ciudad; por último, habrá una mesa el 26 de febrero en la que se elaborará un documento final de conclusiones.
