La ‘Púnica’ valenciana: un granado de sospechas aún sin brotar
Como si fuera un árbol, la rama valenciana de la ‘Operación Púnica’ cada vez presenta más frutos podridos. O revela una putrefacción que con el paso del tiempo se va haciendo mucho más elevada. Pero con la sensación de que aún no se conoce el nivel de descomposición existente. La instrucción transcurre con más lentitud que en su verdadero epicentro: la Comunidad de Madrid.
De momento, la parte valenciana es un granado anidado de sospechas, de supuestas irregularidades. Y estas van aflorando poco a poco. Justo, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, revelaba más pagos de los anteriores gobiernos del PP a la trama capitaneada presuntamente en la Comunidad Valenciana por el empresario Alejandro de Pedro. Entre 2010 y 2011, las consellerias de Medio Ambiente, Solidaridad y Educación dirigidas por el imputado en la Gürtel Juan Cotino, el reo Rafael Blasco y el vicepresidente de las Cortes Alejandro Font de Mora respectivamente, abonaron un total de 61.403 euros a EICO Online Reputation Management. Una mercantil vinculada a De Pedro.
Entre esos trabajos, se encuentra el pago de casi 4.000 euros por crear una cuenta de Facebook y otra de Twitter para la Conselleria de Solidaridad o el reembolso de 6.068 euros por “búsquedas en google para Educación”, en palabras de Ferri. Revelaciones que no vinieron solas. Un comunicado del PP de Gandía relacionado con el ofrecimiento de los conservadores a Ciudadanos para derrocar el actual pacto de gobierno, desvelaba que el ex alcalde popular Arturo Torro, y el actual diputado autonómico del PP Víctor Soler habían sido citados como imputados por la Audiencia Nacional, que es quién lleva el caso.
Dos granadas podridas que afloraban el mismo día -que pueden provocar al ser Soler diputado autonómico que la parte valenciana se traslade al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por su condición de aforado- para el PPCV y que componen un árbol aún lleno de supuesta podredumbre de la que se desconoce su grado.
Gandía, el tronco de la trama
Si la ‘Operación Púnica’ en la Comunidad Valenciana es un árbol, Gandía sería el tronco. Aunque solo fuera porque, de momento, es donde mayores irregularidades han germinado. De hecho, la citación en la Audiencia Nacional de los dirigentes locales del PP Torró y Soler estaría vinculada con la anterior comparecencia producida el junio pasado, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) registró el consistorio gandiense.
Sin embargo, tras levantar parte del secreto de sumario bajo el cual estaba la operación, ni Torró ni Soler aparecieron como imputados. Todo, a pesar de las múltiples sospechas que rodean la gestión del anterior gobierno. Según reconoció el propio Torró, desde el consistorio se habían abonado pagos valorados en 20.000 euros a mercantiles vinculadas al presunto cabecilla de la red, Alejandro de Pedro.
Pagos legales, pero que el PSPV –entonces aún en la oposición y ahora liderando el gobierno- pusieron en duda. Adujeron que había más acuerdos con empresas de la red, que se contrataba a dedo utilizando el tope legal, y que cuando este se sobrepasaba, se cambiaba de empresa. De entre los abonos que citaron, tildaron de “llamativos” los efectuados por De Pedro al PP durante la campaña electoral del 2011.
Una vez llegaron al gobierno los socialistas, hallaron facturas por valor de 885.000 euros a una constructora ligada supuestamente a ‘Púnica’. Según publicó El Mundo basándose en los informes de la UCO, dicha mercantil abonó 2.600 euros al mes a la trama. ¿La razón? Así el PP de Gandía eludía hacer frente a los costes de los trabajos de las empresas de ‘Púnica’. Para realizar esas operaciones -según la UCO- intervinieron el vicesecretario de Organización del PP local y ex presidente del Gandía C.F., Dionisio Ollero, y el portavoz de los populares en la ciudad, Víctor Soler. Una conclusión que se desprende de las llamadas interceptadas por la UCO, quién cree que la jugada se pudo repetir con más adjudicatarios del consistorio.
Mientras, y según desveló Interviú, esa constructora se acabó llevando parte de la mayor contrata otorgada en la ciudad, valorada en 58 millones de euros. Pese a que la ganó una UTE formada por Torrescámara, Tecopsa y STV, la promotora salpicada por la investigación fue subcontratada tras la intermediación de Ollero, según publicó el semanario. La constructora niega todas las sospechas.
Más ramificaciones
Aunque el tronco se sitúe, por ahora, en Gandía, hay más Ayuntamientos afectados por la trama. En la ciudad de Valencia se descubrieron cinco facturas realizadas con empresas ligadas a la trama por la inserción de campañas de promoción institucional en el portal Ahora Valencia. Al enterarse y declarar estar “ojiplática” ante la investigación, la anterior alcaldesa, Rita Barberá, paralizó los pagos. Más tarde y sin el revuelo azotando al PPCV, liberó los abonos a dichas empresas. A escasos meses de las elecciones.
Otro de los consistorios que se vio consternado por ‘Púnica’ fue Dénia. La ya ex alcaldesa de la capital de La Marina Alta, Ana Kringe (PP), pagó supuestamente 49 facturas a sociedades con vinculación a la red. Por ellas, se habrían reembolsado 34.000 euros. El consistorio también fue registrado por la UCO hace casi tres meses.
De hecho, el camino por el PP de De Pedro, el presunto ‘conseguidor’ de la trama en la Comunidad, se forjó cerca de Dénia: en el municipio de Benissa, a escasos 21 kilómetros. El presidente de los populares de la localidad, José María Serna, fue quién lo introdujo. Y a partir de ahí, consiguió hacerse con los contratos de reputación online de muchos ayuntamientos. Alicante, Sant Vicent del Raspeig o la Diputación de Alicante contaron con sus servicios o les insertó publicidad a través de una de sus empresas.
La Vila Joiosa también requirió de sus prestaciones. Y en la localidad, tuvo lugar varias jornadas de la Fundación Vives, adherida al sector cristiano del PP. A uno de sus máximos referentes, Juan Cotino, le hizo la web. La familiaridad era tal que en junio de 2010, varios concejales y diputados del PP y él celebraron una comida –una paella- cocinada por el propio Cotino. Entre los ayuntamientos que también fueron registrados por pagos a ‘Púnica’ el pasado junio, se encuentra el de Castellón.
¿Financiación ilegal?
Como acreditan los pagos de Blasco o Cotino a empresas ligadas a la trama, ésta no solo brotó supuestamente por el regado de contratos de varios Ayuntamientos gobernados por el PP. También intentó enraizarse por las dependencias de la Generalitat Valenciana. “Tengo un contrato de 6 millones de euros de la Generalitat Valenciana para el mantenimiento del metro de Valencia”. La frase la pronuncia De Pedro a David Marjaliza –otro de los presuntos jefes de la red- en una de las conversaciones que aparecen en el sumario.
La conversación afectaría a la líder del PPCV, Isabel Bonig, quien fue consellera de esa materia durante ese momento. Bonig negó cualquier ligazón con la trama de forma rotunda. El ex presidente Alberto Fabra, también se vio salpicado. Según una conversación entre los mismos personajes recogida por la UCO, De Pedro comenta que se va a reunir con “el presidente” –que los agentes identifican como Fabra-, y que la va a “reclamar para la campaña”. A cambio, según la misma conversación, le iban a dar alguna contrata. Fabra lo negó todo.
Quien también se vio involucrado en las escuchas fue el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Según declaró De Pedro, se puso en contacto con Zaplana “porque necesitaba que le abriese las puertas de la Comunidad Valenciana”. En una de las conversaciones, menciona una partida de dinero “para la campaña o lo que sea”. En otro fragmento de una conversación entre De Pedro y Zaplana se apunta que “lo de Elche está hecho”. Se trataría presuntamente de que la trama se iba a llevar el contrato de la imagen online de la entonces alcaldesa ilicitana, Mercedes Alonso. Finalmente, no fraguó.
Pero, la relación de Elche con la trama no termina ahí. Hay más. Esquerra Unida (EUPV) desveló que una sociedad ligada a ‘Púnica’, participó en la licitación para la construcción de un colegio privado bajo suelo público convocada por la Generalitat Valenciana. Una sospecha que planeó también sobre Calpe. De las dos empresas que concurrían al concurso, una estaba implicada en la causa, según EUPV. Una investigación que contiene muchas granadas ‘pochas’ de un árbol inconexo. Y del que aún no se sabe su nivel de descomposición completo.
