RTVV y Roures renuncian a reclamarse 27 millones en deudas
Dos años después de su cierre, la sala de actos del centro de producción de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en Burjassot volvió este miércoles a encender sus luces. Comparecieron ante la prensa el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, los tres liquidadores de la antigua cadena autonómica y el empresario Jaume Roures para hacer público un acuerdo por el que la empresa pública y las sociedades privadas Mediapro e Imagina, ponen fin a una quincena de pleitos cruzados en los que se reclamaban mutuamente unos 27 millones de euros. El pacto permite a RTVV recuperar 9,5 millones que tenía embargados en un juzgado de Barcelona.
Los litigios, que se remontan a 2010, tienen que ver con los derechos audiovisuales de las retransmisiones de fútbol y con los derechos de emisión de la Fórmula 1. “Había intereses políticos que no permitieron el acuerdo”, señaló Vidal, en relación con la etapa del PP en el gobierno de la Generalitat Valenciana. “El acuerdo se habría podido firmar hace mucho tiempo”, indicó a su vez Roures, que citó a quien fuera directora general de RTVV, Rosa Vidal, para asegurar que, “desde criterios profesionales”, estuvo casi a punto de poder firmar un pacto similar, pero no la dejaron. “Nos debíamos mutuamente 27 millones”, ha resumido Roures, para quien ahora ambas partes “ni renuncian ni ganan”.
Los 9,5 millones de euros que RTVV, en proceso de liquidación, recupera gracias al acuerdo son una fianza que un juzgado de Barcelona impuso a la cadena valenciana por el pleito desencadenado por la decisión de dejar de emitir los campeonatos de Fórmula 1, pese a la existencia de un contrato vigente para hacerlo. “Era un conflicto en buena parte ficticio”, ha resumido Roures, que ha atribuido a “motivos políticos” de los anteriores gestores del PP que no se hubiera resuelto antes. Aunque no lo ha explicitado, el pacto, con lo que supone de eliminación de deudas, permite a Roures reconducir el concurso de acreedores en el que está sumida su empresa.
La resolución de los conflictos con Mediapro no es más que un paso en el proceso de extinción definitiva de la antigua RTVV, que el gobierno del expresidente Alberto Fabra, del PP, decidió cerrar en noviembre de 2013 tras una sentencia que anulaba el ERE para despedir a más de un millar de los 1.600 trabajadores que la cadena llegó a tener. El cierre desencadenó una ola de protestas políticas y civiles y los grupos de la oposición entonces, el PSPV-PSOE y Compromís, hoy en el gobierno, anunciaron que reabrirían la radiotelevisión autonómica.
Mientras se liquida la antigua empresa, las Corts Valencianes están iniciando el proceso para crear una nueva radiotelevisión autonómica. Los liquidadores nombrados por el nuevo gobierno de izquierdas que preside Ximo Puig han explicado que llegaron a la sede de RTVV en Burjassot en julio pasado y se encontraron las instalaciones vacías. “No había un solo empleado”, comentó Francisco Gómez Barroso, el liquidador principal. “No hemos tenido información del anterior equipo”, añadió, para apuntar que el proceso de liquidación se alargará por las demandas de trabajadores y empresas productoras.
En los procesos judiciales y en el mantenimiento de las instalaciones de Burjassot, que los periodistas pudieron recorrer, la Generalitat viene a gastar actualmente un millón de euros al mes, señaló otro liquidador, Ignacio Baixauli. Mientras que el tercero de los responsables de extinguir la antigua RTVV, Agustín Arenas, reveló que el edificio central de Burjassot, valorado en 25 millones de euros, no está inscrito en el Registro de la Propiedad. “Solo está registrado el suelo, no el edificio”, explicó. En todo caso, Gómez Barroso indicó que es una anomalía que no afecta a los trámites mercantiles y que la han detectado algunos de los auditores que trabajan sobre la sociedad.
El secretario autonómico de Comunicación recordó que los presupuestos de la Generalitat para 2016 prevén 29 millones de euros para crear una nueva RTVV y 27 millones para la extinción de la antigua. José María Vidal restó importancia al hecho de que la liquidación se prolongue mientras las Corts Valencianes aprueban, primero una ley para dar marcha atrás en la renuncia al servicio público de radio y televisión, y después otra ley para crear una nueva cadena autonómica. Vidal ha dado por supuesto que habrá demandas y pleitos judiciales por la apertura del nuevo canal, pero niega que el supuesto de sucesión de empresas sea “un problema jurídico de fondo”.
La visita de los informadores a las instalaciones, en un ejercicio de transparencia impensable durante los años del PP, permitió constatar que el centro de producción de Burjassot está en condiciones de volver a funcionar sin demasiados problemas técnicos.
