Sanidad avisará a la CNMV de que la ley valenciana establece limitaciones ante el acuerdo entre DKV y Ribera Salud

La Conselleria de Sanidad avisará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNV) de que la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana establece limitaciones en el accionariado de las concesiones para evitar posiciones de dominio antes de que el organismo emita su informe sobre la operación de compra de las acciones de DKV en Marina Salud por parte del grupo Ribera.

Así, lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en rueda de prensa en la que ha afirmado que se ha enterado por la prensa de este acuerdo, pero del que aún no tienen constancia oficial. No obstante, ha advertido: “Se aplicará la legalidad”.

Ribera, que en la actualidad controla el 35% del accionariado de Marina Salud, ha pactado con la aseguradora DKV hacerse con su 65% para pasar a controlar así la totalidad de la gestión del hospital y el departamento de salud de Dénia (Alicante).

Al respecto, la consellera ha advertido de que este pacto vulnera la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, en cuyo preámbulo establece que, para garantizar la libertad de competencia y evitar posiciones de dominio, “es necesario establecer limitaciones en la ostentación y, por tanto, adquisición de títulos”. De este modo el tener una concesión con el 100% del accionariado impide estar presente en otra con un porcentaje superior al 40% de las acciones.

Por ello, han avisado a la CMNV de esta prohibición para que la tenga en cuenta antes de que emita un informe sobre la operación ya que Ribera ya controla los hospitales públicos Elx-Crevillent y el Hospital de Torrevieja hasta que expire la concesión el próximo 15 de octubre.

Barceló ha aclarado que, al no tener ningún documento oficial sobre esta compraventa formalmente, Sanidad “no puede hacer más” y debe esperar a que entre el acuerdo por registro para poder solicitar un informe sobre su legalidad a la Abogacía de la Generalitat.

Así, ha afirmado que se enteró del acuerdo por la prensa y, preguntada por si ha habido conversaciones previas entre la Administración y la UTE, ha insistido en que hasta que no se registre un documento oficial del acuerdo la administración “no puede pronunciarse de ninguna forma ni ponerse en marcha para que se cumpla la ley más allá de la advertencia a la CMNV”. En cualquier caso, ha insistido en que “aplicara la legalidad”.