La batalla contra el caos del fango en la zona cero de la DANA: reconstrucción de un mes de reuniones del Cecopi

El Centro de Coordinación Operativa Integral (Cecopi), que reúne a todas las agencias e instituciones implicadas en la respuesta a la catástrofe de la DANA del pasado 29 de octubre, ha sido el epicentro del dispositivo que trata, a duras penas, de atajar la situación de las zonas devastadas. El primer Cecopi se convocó muy tarde el día de la DANA —a las 17.00— a pesar de que dos años antes, con la misma situación en la Vega Baja, se hizo con dos días de antelación. La alerta masiva a los móviles se envió a las 20.11, cuando cientos de personas estaban ya atrapadas o desaparecidas, debido a las dudas de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al retraso del president Carlos Mazón, que llegó sobre las 19.30 tras haber alargado una polémica comida en el restaurante el Ventorro, tal como ha detallado este diario.

En el Cecopi se reúnen todos los organismos e instituciones implicados en el operativo de respuesta a la catástrofe, incluyendo a la Generalitat Valenciana, la Delegación del Gobierno, la Diputación, el '112', la Dirección General de Tráfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los responsables sanitarios y de salud pública, entre otros. Este diario ha reconstruido los principales desafíos tratados en cada Cecopi con fuentes presentes en las reuniones.

Del recuento de víctimas y desaparecidos de los primeros días, con pueblos enteros incomunicados, a la batalla contra el caos del fango, los estragos en la red de saneamiento, los daños en depuradoras y colectores y la retirada de los más de 100.000 vehículos afectados y del lodo de los garajes.

Se trata de un desafío de una magnitud postapocalíptica que bomberos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, militares, forenses y otras muchas personas anónimas e imprescindibles han tratado de sacar adelante a pesar de la manifiesta ineptitud de ciertas instituciones, de la inédita escala de destrucción y de la creciente indignación ciudadana sobre el terreno.

El 30 de octubre, la provincia de València amaneció en 'shock'. Aún con los bomberos interviniendo en rescates de ciudadanos atrapados por la DANA, el principal problema era la imposibilidad de acceder a muchas de las zonas arrasadas, con carreteras e infraestructuras completamente destruidas y vehículos que impedían el paso tras quedar desperdigados y amontonados por la fuerza de la riada. Una de las principales preocupaciones, que se prolongaría durante días y días, era el abastecimiento de agua a la población.

El 31 de octubre, dos días después de la DANA, seguía el problema de la falta de cobertura en amplias zonas de l'Horta Sud. El teléfono para denunciar desapariciones recibía miles de llamadas debido precisamente a que mucha gente no podía confirmar a sus familiares y amigos que habían sobrevivido. Aquella jornada también se planteó uno de los principales retos, aún no resuelto del todo un mes después de la DANA: la retirada de los vehículos que colapsaban la movilidad.

El viernes 1 de noviembre empezó la fase de levantamiento de cadáveres, con refuerzos forenses. Ya había unos 200 cuerpos localizados El teléfono habilitado para denunciar desapariciones llegó a atender los primeros días hasta 10.000 llamadas. Sin embargo, a medida que las personas iban confirmando a sus familiares y amigos que estaban vivas, la cifra iba bajando.

La comunicación con los municipios fue un problema recurrente. Cuando este diario publicó el acta que levantó el departamento de Bomberos del Ayuntamiento de València del Cecopi del 1 de noviembre, algunos alcaldes (como el de Aldaia) descubrieron que sus localidades habían sido catalogadas con una afectación baja. También se planteó el desafío de la avalancha de voluntarios que se acercaban desde la ciudad de València a las zonas afectadas: la Generalitat Valenciana fue incapaz de coordinar el trabajo de los voluntarios en los primeros momentos.

La situación de aquellos días en l'Horta Sud fue terrible: hasta 45.000 personas del área metropolitana de la tercera ciudad de España permanecían sin gas.

El fin de semana del 2 y el 3 de noviembre, 154 personas se encargaban del seguimiento de las llamadas por desapariciones mientras persistían las dificultades en el tráfico. Aquel domingo, todos los focos se centraron en Paiporta, donde la comitiva oficial encabezada por los reyes, acompañados por Pedro Sánchez y Carlos Mazón, fue atacada con barro.

Por su parte, los responsables de la respuesta a la catástrofe seguían con demasiados frentes abiertos. La semana siguiente, el servicio marítimo de la Guardia Civil centró sus esfuerzos en la localización de desaparecidos en el mar. El Cecopi manejaba una cifra de 25.000 personas sin agua corriente en la zona cero y de nueve municipios sin servicio de gas.

El 7 de noviembre, el '112 Comunitat Valenciana' volvía a una cierta normalidad. Sin embargo, nuevos problemas prioritarios volvían al orden del día del Cecopi: la retirada de los vehículos, la obstrucción del alcantarillado y los daños en las depuradoras.

El empujón de la UME

Poco más de una semana después de la DANA, la UME lograba encarrilar los trabajos sobre el terreno. Sin embargo, varios problemas recurrentes persistían: el abastecimiento de agua, los vehículos afectados por la catástrofe y la desastrosa comunicación por parte de la Generalitat Valenciana. Así, el Cecopi se planteó la necesidad de enviar mensajes a la población claros y de manera coordinada.

El 8 de noviembre, la fase de limpieza de las poblaciones arrasadas continuaba, aunque más lentamente en Paiporta, epicentro del desastre. Aquellos días se estaban sacando 3.500 toneladas de residuos al día mientras que la UME intensificaba el trabajo nocturno sobre el terreno y los efectivos policiales seguían con la búsqueda de cuerpos en el mar, el lago de l'Albufera y los barrancos. Hasta 11.000 personas seguían sin agua. A pesar de que el suministro de gas y el servicio de telefonía mejoraban, la cobertura variaba según municipios.

A partir del 9 de noviembre, se planteó la necesidad de transmitir información de primera mano a los alcaldes de las localidades afectadas, de modo pedagógico a través de la Diputación de València. La cifra de personas sin agua se redujo a 2.000. Sin embargo, persistían los problemas de suministro eléctrico.

La tercera semana de la respuesta a la catástrofe se centró en buena medida en el desafío de la retirada de los lodos. Solo en Paiporta, Benetússer, Massanassa y Alfafar se calculaba que había unos 160.000 metros cúbicos de lodo.

A pesar de la situación de los colectores y las depuradoras, la recogida de lodos por parte de la UME mejoró la situación, aunque se planteaban problemas importantes: muchas de las trapas de las alcantarillas habían desaparecido, con lo cual había que señalizarlas para evitar accidentes.

En el Cecopi del 15 de noviembre se debatió sobre las consultas de los ayuntamientos a cuenta del tratamiento del enorme volumen de barro extraído y sobre la problemática de los vehículos en los garajes enfangados.

Al día siguiente, persistía el debate sobre dónde evacuar los lodos y como llevar a cabo su clasificación, con los colectores de Picanya y Paiporta arrasados por la barrancada. Mientras la UME y los Bomberos se encargaban del análisis de la situación en los garajes, los 135 camiones para retirar lodos eran insuficientes. Sobre la retirada de los vehículos en los garajes, la reunión del Cecopi trató la falta de un procedimiento oficial, aunque los Bomberos dieron unas mínimas pautas a las empresas privadas que, en muchos casos, se encargaron del trabajo.

La red de saneamiento

El 17 de noviembre, la reunión del Cecopi constató los dos problemas más importantes a los que se enfrentaban sobre el terreno: los atascos en la red de saneamiento y los garajes. Los trabajos en el alcantarillado municipal, a excepción de Paiporta, conseguían poco a poco avanzar aunque los colectores que se liberaban no quedaban limpios del todo.

Además, el Cecopi trató sobre la dificultad de clasificar los lodos según el riesgo bajo, medio y alto para medir el impacto de la posible contaminación, especialmente en zonas como l'Albufera, espacio natural protegido. El Seprona de la Guardia Civil se incorporó al seguimiento del impacto ambiental de los lodos.

También se reflexionó sobre la necesidad de analizar el despliegue de los operativos en función de las necesidades de cada sector y se confirmó el avance de los trabajos de la UME.

Los Bomberos alertaron en la reunión del Cecopi del día siguiente sobre los vertidos que generaban los vehículos amontonados en varios municipios. También se informó sobre el mapeo del alcantarillado de las zonas afectadas, que presentaban 302 kilómetros de colectores afectados (de un total de 500 kilómetros). Para ello, se preveía levantar unas 6.000 trapas. Sin embargo, los responsables del operativo se enfrentaban a retos difíciles como el desplazamiento de los residuos en las tuberías.

En aquel Cecopi también se planteó la preocupación por la situación de los ascensores, que afectaba seriamente a las personas con movilidad reducida.

El 19 de noviembre, los bomberos reconocían que el sistema de extracción de los garajes no acababa de funcionar, con la problemática añadida de las campas situadas cerca de colegios. Hasta 950 garajes, según las cifras que se manejaron en aquella reunión, estaban afectados en mayor o menor medida por los lodos.

Un nuevo problema se sumaba a la contaminación de los depósitos de vehículos: el polvo en suspensión, del que se tomaron muestras para analizar su posible peligrosidad (de hecho, se habló de un informe desfavorable de Sanidad sobre la calidad del aire).

El 20 de noviembre, la reunión del Cecopi cifró en 165 los edificios inspeccionados inicialmente y catalogados como inhabitables. Mientras la UME seguía con su labor en todos los frentes, se crearon tres grupos de trabajo en materia de lodos, centrados en el alcantarillado, los garajes y las calles. Los centros de tratamiento de lodos ya estaban en funcionamiento, intentando trasladar el tratamiento de todos los residuos a espacios definitivos.

Representantes de la Conselleria de Medio Ambiente advirtieron de que quedaba aún por depurar el ocho por ciento de las aguas residuales a consecuencia de la rotura de colectores que estaban vertiendo en barrancos. Además, de los 1.900 kilómetros de alcantarillado en 28 municipios, unos 700 kilómetros estaban afectados. También se habló de 45 vertidos urbanos a zonas de dominio público hidráulico.

La tensión por los garajes

El 21 de noviembre, la reunión del Cecopi alertó sobre la situación de Paiporta, un municipio con el 35 por ciento de sus tuberías obstruidas. En materia de vivienda, también se planteó, como solución a la emergencia habitacional, la posibilidad de instalar en algunos municipios zonas de casas prefabricadas.

El 23 de noviembre, el Cecopi analizó la desesperación de las zonas afectadas con la situación de los lodos en los garajes e incluso se propuso ubicar los restos en minas abandonadas. La Guardia Civil también advirtió del aumento de la tensión entre los vecinos por esta problemática. Por otro lado, se dio un calendario de un año para la reparación definitiva de toda la red de alcantarillado afectada.

Al día siguiente, en la reunión del Cecopi se habló sobre la necesidad de concentrar esfuerzos en la evacuación de lodos de los garajes y en la recuperación de los ascensores. También se reiteró la importancia de informar a la población sobre las siguientes fases del proceso de reconstrucción ante el cabreo vecinal por la lentitud de las operaciones.

Aquella jornada, ya se habían retirado 200.000 toneladas de residuos, aunque aún quedaban pendientes los polígonos industriales. El 25 de noviembre, se insistió sobre la prioridad de coordinar la limpieza en garajes, priorizando el casco urbano de las poblaciones afectadas.

El 26 de noviembre, los bomberos habían revisado 2.561 garajes, de los cuales solo 600 estaban limpios del todo. La Diputación de València, por su parte, expresó su preocupación por la disminución de la presencia de militares de la UME y de bomberos, a pesar de la sensación entre los vecinos de que el despliegue para la extracción de lodos en garajes era insuficiente. Al día siguiente, la institución provincial insistía en pedir la colaboración de los alcaldes para explicar a los vecinos las fases de los trabajos.

El 28 de noviembre, los bomberos reconocieron que las bombas de extracción de lodos no estaba funcionando en todos los garajes al perder fuerza a partir de cierto nivel, por lo que pidieron otra maquinaria. También expresaron su preocupación por la lentitud de los trabajos. Otro frente también resultaba preocupante: se estaban vertiendo 120.00 metros cúbicos al día sin tratar, con una previsión para la limpieza de los colectores de entre seis meses y un año.

El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) también advirtió de la necesidad de proceder a la descontaminación de los suelos usados como campas provisionales de depósito.

El 29 de noviembre, un mes después de la catastrófica DANA, la reunión del Cecopi trató también sobre los análisis del CSIC, que habían detectado bacterias en los lodos y aconsejaban una monitorización sobre su impacto en el medio ambiente.

Tras las primeras semanas centrado en los desaparecidos, las infraestructuras, las comunicaciones y el abastecimiento de agua, gas y electricidad, cumplido el primer mes desde la trágica DANA, la batalla del Cecopi se centra en retirar el asqueroso e inconmensurable lodo.