El Gobierno del Botánico pone orden en la maraña de empresas y fundaciones heredada del PP
Ciegsa, Sociedad de Proyectos Temáticos, Vaersa, Epsar, Aerocas, Cacsa, Ciudad de la Luz, RTVV, Fundación La Luz de las Imágenes, Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, Fundación Jaume II el Just... La lista de empresas, entidades y fundaciones públicas que figuran en los sumarios de corrupción o que han protagonizado escándalos por despilfarro es muy larga.
Desde la llegada del Consell del Pacto del Botánico, un objetivo central de la política de la Generalitat es poner orden en la maraña de empresas y fundaciones públicas heredada de la época del PP. Una maraña que todavía se complicó más con la reestructuración efectuada en los últimos años antes del cambio político, ya que la reducción del número de entidades llevó a integrar cosas que carecían de coherencia, creando auténticos organismos Frankenstein como Culturarts, por poner un ejemplo.
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que dirige Vicent Soler, entregó a los representantes sindicales el pasado viernes el anteproyecto de la Ley Reguladora del Sector Público Instrumental, al que ha tenido acceso eldiario.es, cuyo objetivo es regular “por primera vez el sector público instrumental de manera sistemática y ordenada para facilitar y garantizar el cumplimiento de la legalidad, introducir nuevas medidas de control y transparencia, así como reorganizar las funciones y competencias atribuidas a las entidades garantizando coherencia y ausencia de duplicidades, para la consecución de un sector público que sea referente de buena gestión”.
Uno de los aspectos clave del anteproyecto, además de evitar la dispersión normativa, es la introducción de medidas de control y transparencia en materia de personal, contrataciones, encomiendas de gestión, actuación económica y financiera y funcionamiento. La ley se configura, así, como una especie de “estatuto del sector público valenciano” y pone especial énfasis en el control de la creación de fundaciones. A partir de la aprobación de la norma, las empresas y fundaciones deberán ser creadas por ley, deberán contar con un plan de actuación a tres años y disponer de un proyecto de estatutos.
Destaca también entre las medidas la exigencia de que en la contratación de personal por parte de cualquier tipo de entidad, tanto para personal fijo como temporal, sea necesario superar pruebas que supongan como mínimo el 60% de la puntuación final.
Por lo que se refiere a los salarios, las retribuciones no podrán superar, en las empresas públicas, como ha venido sucediendo, las de la Administración de la Generalitat en las categorías profesionales equivalentes.
“Ha faltado una visión global ya que las decisiones se han ido adoptando de manera reactiva sin planificación previa, más centradas en la obtención de ahorros económicos derivados de procesos de extinción y fusión de entidades que en la fijación de parámetros de actuación, directrices estratégicas y criterios cualitativos de reestructuración y diseño del sector público instrumental”, señala el preámbulo de la ley.
La realidad ha sido peor, como saben en el departamento del conseller Vicent Soler. Convertido en una serie de reinos de taifas, el sector público instrumental fue, no solo caótico y opaco, sino un caldo de cultivo de corrupción y una auténtica centrigugadora de deuda pública. La intención es que nunca lo vuelva a ser.
