Una sentencia abre la puerta a que el testaferro de Zaplana recupere medio millón de un proyecto urbanístico del PP

Una sentencia ha abierto la puerta a que el presunto testaferro de Eduardo Zaplana en la trama del 'caso Erial', además de otro acusado, recupere medio millón de euros por un proyecto urbanístico fallido en la Vila Joiosa (Alicante). Se trata de los terrenos en los que la trama corrupta pretendía construir para presuntamente lavar los fondos del expresidente popular de la Generalitat Valenciana provenientes de mordidas escondidas en paraísos fiscales.

La empresa G.E. Urbantura SL, de la que son administradores dos acusados en el 'caso Erial' (Joaquín Barceló Pachano, presunto testaferro de Zaplana, y Ángel Salas), impulsó un Programa de Actuación Integrada (PAI) en el sector PP-19 El Xarquet del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Vila Joiosa, en la comarca de la Marina Baixa. El proyecto fue adjudicado a Pachano en 2005 por el entonces alcalde del PP, José Miguel Llorca Senabre.

Sin embargo, la Corporación gobernada por el socialista Andreu Verdú acordó en 2019 retirar a la empresa la condición de agente urbanizador e incautarle la fianza de medio millón de euros por el incumplimiento de la obligación de construir vivienda protegida.

La firma recurrió la decisión pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante dio la razón al ayuntamiento. Sin embargo, la sección primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha revocado la sentencia y ha estimado parcialmente el recurso de la mercantil.

Se trata de una buena noticia para los dos empresarios, que se sentarán el próximo mes de enero en el banquillo de los acusados junto con Zaplana. La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para Pachano, además de una multa de 20 millones de euros, y cinco años de cárcel para Ángel Salas.

Además, la finca de El Xarquet del testaferro de Zaplana y su socio forma parte de un procedimiento hipotecario tramitado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Vila Joiosa e impulsado por Bankia, entidad que reclama a G. E. Urbantura SL un importe de 532.694,67 euros, además de 36.050 euros en intereses. La subasta de tres fincas de la firma, tasadas en un valor total de un millón de euros, quedó desierta.

La sentencia del TSJ-CV, del pasado 5 de octubre, considera que el consistorio, durante el mandato del popular José Miguel Llorca Senabre, previamente a la obligación del agente urbanizador de localizar los terrenos para la VPO, debió presentar un estudio: “Era paso previo necesario que el ayuntamiento realizase un estudio sobre la previsión de las necesidades de vivienda protegida en el término municipal”.

Por tanto, “con independencia de otros incumplimientos” por parte de la empresa, el Ayuntamiento de la Vila Joiosa “es responsable de la paralización del PAI”. El TSJ-CV responsabiliza así al propio consistorio, que durante el periodo del PP impulsó el proyecto urbanístico pero no elaboró el estudio sobre la previsión de vivienda protegida. Así, la sentencia, que no es firme, concluye que “no procede la incautación de la fianza” de medio millón de euros.

Zaplana: “el jefe” o “el socio”

Los dos empresarios formaban parte de la trama corrupta presuntamente liderada por Eduardo Zaplana. Pachano y Salas, cuyas conversaciones telefónicas fueron intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, eran los encargados de adquirir terrenos en la Vila Joiosa para lavar los fondos del expolítico popular repatriados de Luxemburgo a España, según la tesis de la acusación pública.

En el marco de esas operaciones urbanísticas, el empresario Ángel Salas conocía la procedencia delictiva de los fondos y se refería a Zaplana como “el jefe”, “nuestro amigo” o “el socio”, según se desprende de los pinchazos telefónicos de la UCO.