La condición corrupta

Condenado el primer presidente de la Generalitat del PP valenciano

Zaplana, una forma predecible de estar en el poder y robar desde la gestión pública

La condena de 10 años de cárcel, 17 años y 10 meses de inhabilitación y multa de 25 millones de euros a Eduardo Zaplana, el primer presidente de la Generalitat del PP en la historia del autogobierno valenciano, confirma judicialmente lo que ya se sabía gracias a la investigación del caso Erial. Blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil son los delitos que establece la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que considera probado que Zaplana y su entonces jefe de gabinete, Juan Francisco García, percibieron comisiones ilícitas tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. Al frente de una trama de asesores, testaferros y blanqueadores de capitales escondió en el extranjero los fondos millonarios obtenidos y ocultó el patrimonio conseguido.

Como ha explicado Lucas Marco, la sentencia acredita que Zaplana cobró mordidas durante toda su carrera política en el PP. El expresidente del Consell y exministro del Gobierno de José María Aznar, su testaferro y su contable blanquearon comisiones ilegales por un total de 16,2 millones de euros en Luxemburgo, Panamá y Andorra. “Los fondos originales provenían del sensacional pelotazo que dio Sedesa (grupo empresarial de la familia Cotino) con la venta de sus participaciones en las adjudicatarias de las privatizaciones amañadas de las ITV”, señalaba el periodista de elDiario.es en su crónica. La maniobra delictiva tuvo consecuencias y explica por qué los valencianos han pagado las ITV más caras de España hasta que las revirtió el Pacto del Botánico a la gestión pública.

Todo esto ya no son aspectos supuestos de un sumario, consideraciones de una investigación policial o especulaciones periodísticas. “La sentencia es, sobre todo, el epitafio de un régimen cleptocrático del que Zaplana fue arquitecto e impulsor y que se cimentó sobre una economía de tocomocho, un casino inmobiliario”, ha escrito Francesc Arabí, el periodista que más ha contribuido a investigar y denunciar su ejecutoria corrupta.

Una ejecutoria que parece inverosímil que haya podido llegar a desplegarse, para vergüenza de su partido, tan poblado de corrupciones, y de un amplio sector de la sociedad valenciana y española que lo aupó y secundó sin el menor escrúpulo, pese a que ya apuntaba unas maneras en sus inicios que hacían predecible lo que acabaría sucediendo. En un artículo que publiqué en febrero de 2019 señalaba en relación con este asunto: “Ya estaba allí cuando todo empezó y estaba impaciente. Hace 30 años, Eduardo Zaplana hablaba por teléfono con el concejal del PP en Valencia Salvador Palop de repartirse bajo mano una comisión y le confesaba abiertamente: 'Que me dé diversas opciones y me quedo con la más fácil. Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado”. Eran las grabaciones del caso Naseiro, el primer gran escándalo de corrupción que salpicó al PP, al final invalidadas por una cuestión formal, que encontraron a nuestro hombre metido de lleno en el sistema.

Siempre me ha asombrado que después de aquello Zaplana pudiera hacer carrera, y qué carrera, en el poder para robar descaradamente desde la gestión pública. “Lo asombroso del caso de este político, auténtico epítome de una época lamentable”, decía, “es que aquella primera investigación que llevaba el nombre de un tesorero del PP que no era todavía Bárcenas, frustrada judicialmente por cuestiones de forma (al anularse las grabaciones), no solo no supuso un lastre sino que pareció concederle una patente de corso para lanzar su carrera, alcanzar el poder autonómico, como presidente de la Generalitat Valenciana, y el de España, como ministro de José María Aznar, y cruzar la puerta giratoria que le convertiría en alto ejecutivo de una privatizada Telefónica, desde donde persistió en su turbia trayectoria”. 

Una trayectoria en la que se cuentan al menos media docenas de casos que le salpicaron pero que logró esquivar: desde las obras de Terra Mítica hasta el caso Lezo, pasando por el escándalo del Ivex y el contrato con Julio Iglesias. El conjunto de piezas de ese recorrido, con la perspectiva del tiempo y los hechos probados de la sentencia surgida de un procedimiento que su protagonista ya no esperaba, da para escribir una enjundiosa tesis sobre la condición corrupta. Hay elementos de sobra para politólogos, criminalistas o profesores de ética.

Pero la estupefacción persiste, no se ha disipado. Y me reafirmo en aquellas consideraciones de hace un lustro: “Lo impresionante en el caso de Zaplana es que su propósito quedó en evidencia desde el principio y que, aún así, se ha movido entre los pliegues del poder durante 30 años a pesar de que, como parece obvio, un político impaciente por hacerse rico es un ladrón en potencia”.

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